El proyecto, que modifica el régimen penal en materia del lavado de activos, fue aprobado por 181 votos positivos, ninguno en contra y siete abstenciones, para lo cual el oficialismo tuvo que conceder una serie de cambios a la oposición en la discusión en particular.
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Al cierre del debate, el clima amenazó caldearse luego de que el cívico Horacio Piemonte y el radical Ricardo Gil Lavedra ("la paradoja es que el énfasis puesto para sancionar esta ley no es la misma que puso el oficialismo para combatir la corrupción") la emprendieran con una serie de críticas al gobierno nacional en materia de la lucha contra el lavado de dinero.
Ambas intervenciones obligaron al jefe del bloque K, Agustín Rossi, a salir al cruce, aunque sin abundar en la réplica para no empañar la sanción y poner el peligro la votación, pero respondió: "Somos un gobierno honesto, somos un gobierno que practica la honestidad" y apuntó que de ninguna manera puede aceptar que "se nos enlode con una acusación sin pruebas".
Al comienzo del debate, el secretario de la comisión de Legislación Penal, el oficialista Oscar Albrieu, defendió el proyecto y dijo que busca cumplir con "los compromisos internacionales que nuestro país ha asumido".
"Este tipo de actividad pone en peligro todo el orden económico y financiero de un país, porque produce graves riesgos a la estabilidad", afirmó el legislador y recordó que "el monto anual de lavado asciende en el mundo a más de un billón y medio de dólares, o sea 1.500.000 de millones de dólares".
La norma tipifica el lavado de dinero como "un delito contra el orden económico y financiero"; además, autoriza al juez de la causa el decomiso de los bienes mal habidos antes de dictar la sentencia de materia penal y le otorga autonomía y autarquía económica a la Unidad de Investigación Financiera (UIF).
El presidente de la comisión de Finanzas, Alfonso Prat Gay (Coalición Cívica), dijo que el proyecto consensuado busca "mejorar la tipificación y mejorar la herramienta legal para combatir el lavado de dinero", pero aclaró que "la aceleración de los últimos tiempos tuvo más que ver con las eventuales sanciones del GAFI" y recordó que en 2008 el Parlamento "autorizó un blanqueo de capitales muy generoso del extranjero".
El radical Juan Tunessi destacó el esfuerzo hecho para "lograr un dictamen común" entre oficialismo y oposición, y remarcó que el acuerdo permitió plasmar aspiraciones opositoras como fijar en 300 mil pesos el piso de las operaciones a investigar, con lo cual -explicó- la lucha se concentra "contra los grandes lavadores, contra las organizaciones mafiosas".
Por su lado, el macrista Federico Pinedo le contestó los argumentos acerca de que aprobar la ley sería "someternos a una suerte de dictados del imperialismo o colonialismo legislativo" y opinó que "en lugar de hacer eso, estamos tratando de atacar el crimen más grande de todos los que hay, porque consiste en blanquear el dinero que producen todos los demás crímenes juntos".
El jefe de la bancada del PRO aseguró también: "Es un delito internacional. El dinero pasa de país a país. No quiere decir someterse al imperialismo, sino tener un mínimo de sentido común. Es imposible atacar un delito internacional si no hay acuerdo con otros países", remarcó Pinedo, al respaldar el dictamen consensuado durante la sesión de esta noche.
