Los diputados de la Coalición Cívica (CC) Mariana Stillman y Maximiliano Ferraro junto a Paula Oliveto, Mariana Zuvic y Juan Manuel López denunciaron este martes ante la Procuración General de la Nación a los fiscales federales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide, quienes llevan adelante la investigación por espionaje ilegal, que tramita en la justicia de Lomas de Zamora, y pidieron su jury. La presentación de los legisladores, personas de extrema confianza de la dirigente Elisa Carrió, apunta a la difusión de datos privados del ex presidente Mauricio Macri, encontrados en el teléfono de su secretario privado, Darío Nieto, imputado en el caso.
Stillman y Ferraro sostuvieron que "a instancia" de los fiscales, "se incorporaron a la causa penal referida, datos personales y privados del expresidente de la Nación, que nada tienen que ver con la investigación. Información que estaba archivada en el teléfono de Nieto y que incluye documentación sensible como los números de teléfonos personales y laborales; la dirección de su oficina y domicilio particular; la dirección de correo electrónico; su usuario y contraseña de Facebook; su usuario y contraseña de Mercado Libre; el número de CUIT y clave fiscal; y hasta el número de tarjeta de crédito del expresidente".
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En la presentación, por presunto mal desempeño y realizada ante el procurador interino, Eduardo Casal, los legisladores también pidieron varias medidas, entre ellas que se cite a Nieto, y al abogado de este, Gervasio Caviglione Fraga, como testigos. Nieto está imputado y fue indagado en el caso en el que se investigan maniobras de inteligencia ilegal sobre políticos, sindicalistas, referentes de movimientos sociales, de la iglesia católica y periodistas. En el expediente, además, ya están procesados los ex titulares de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el macrismo, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.
Para los legisladores, resulta "inexplicable" que los fiscales "hayan tomado la decisión de agregar dicha información, a todas luces irrelevante para la causa y violatoria del más elemental derecho a la intimidad del ex mandatario, como información de relevancia para el expediente". Al tiempo que aseguraron que "el obrar abusivo no se detiene allí, en tanto dicha información sensible no sólo fue agregada a la causa, sino que respecto de la misma, los fiscales no tomaron el mínimo resguardo de seguridad y decidieron digitalizada y subirla al sitio web de consulta y gestión de causas, al que tendrían acceso unas 80 personas, entre defensas, querellantes y fiscales. Lo que permitió la filtración de dicha información, que tomó estado público". Por esa filtración, que contiene información alcanzada por la Ley Nacional de Inteligencia, hay una denuncia penal de cuatro agentes en la justicia federal de Comodoro Py. Encabezada por la juez María Servini y el fiscal Eduardo Taiano, el expediente tiene objetivo determinar la responsabilidad de la filtración suministrada por la AFI, bajo la órbita de Cristina Caamaño.
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A lo largo de las 13 páginas de la presentación, a la que tuvo acceso PERFIL, Stillman y Ferraro consideraron que: "la fiscal Incardona y el fiscal Ehyerabide de manera reiterada, han perpetrado abusos y excesos funcionales, han cometido actos que la justicia investiga como posibles ilícitos penales, han afectado el prestigio del Poder Judicial, han incurrido en incompetencia o negligencia demostrada en el ejercicio de sus funciones e incumplimiento de los deberes inherentes al cargo, cometiendo graves irregularidades en los procedimientos a su cargo, y perpetrando acciones u omisiones que implican alejamiento de la buena conducta que exige la Constitución para el desempeño de la magistratura que invisten". Al tiempo que agregaron que los funcionarios judiciales "han incurrido en conductas que no sólo podrían ser constitutivas de delitos de acción pública, sino que además, resultan ser graves faltas, irregularidades e ilegalidades que demuestran que deben ser destituidos, por mal desempeño en el cargo".
Tras lo cual agregaron que "la naturaleza y gravedad de los hechos denunciados tornan inadmisible la permanencia en el ejercicio de la función de La fiscal Incardona y el fiscal Ehyerabide, no sólo por el riesgo cierto de comisión de nuevas conductas ilegales por su parte, sino porque también existe riesgo de afectación de la prueba a obtenerse en las causas conexas referidas".
Incardona y Eyherabide tienen delegada la causa en la que se investigan los hechos ocurridos durante la gestión de Arribas y Majdalani al frente de la AFI. En la primera parte de la investigación, que apunta a maniobras ilegales sobre el Instituto Patria y el domicilio de CFK, en agosto de 2018, ambos ya están procesados, en tanto que recientemente fueron indagados en el tramo general del caso, que apunta a espionaje sobre políticos de la entonces oposición y oficialismo, sindicalistas, referentes de movimientos sociales, de la iglesia católica y periodistas. En ese tramo, precisamente, los fiscales también pidieron -y el juez hizo lugar- a la indagatoria de Nieto. El celular de Nieto fue peritado luego de que se le secuestrara cuando fue allanado en junio pasado, y tras el peritaje se conoció la información sobre Macri. Las pericias son objetadas por Nieto y su defensor, quienes denuncian que se hicieron en condiciones irregulares en el procedimiento.
