Llegaron a treinta las jubilaciones de apuro. Hasta ayer, 13 jueces y 17 fiscales habían presentado la renuncia. Y el goteo continuará en los próximos días. A esa lista se le suman los empleados de carrera que, al tener más de 60 años y cumplir con los requisitos para jubilarse, también aceleraron su alejamiento de la familia judicial.
Prácticamente resignados a que el fin del régimen especial se convierta en ley (en la práctica, eso significaría una reducción sensible del actual 82% móvil; más la suba del piso de edad hasta los 65 años), varios jueces y fiscales aceleraron su adiós. Entre los de perfil más alto, figuran el camarista Miguel Angel Caminos, la jueza Silvina Manes y los fiscales Raúl Pleé, Marcelo Retes y Martín López Perrando.
Con 73 años, Caminos renunció el lunes pasado. Era juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 3 de Capital Federal. Acumulaba 55 años en el Poder Judicial, y 40 como juez. Histórico presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (el colectivo que encabeza la campaña de resistencia contra el proyecto de ley del Gobierno), Caminos también condujo la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM), a la que todavía pertenece. En concreto, se trata de un funcionario experimentado e influyente dentro de la Justicia argentina y regional.
Es además uno de los pocos que se animan a alzar la voz, en un debate muy incómodo para los jueces y fiscales. Porque el monto de sus jubilaciones, con un promedio de 289 mil pesos mensuales, dificulta la argumentación pública. Especialmente, en un contexto de crisis económica. La mayoría de los renunciados, o en planes de hacerlo, eluden dar su nombre para no blanquear lo evidente: que se van anticipadamente para no perder plata.
Caminos lo afirma ante PERFIL. “No tenemos más remedio. Sería una pérdida significativa. El juez le dedica la vida a esto, y no hace votos de pobreza. Mientras ejercemos no podemos tener otro ingreso ni mantener un estudio en paralelo”, explica. Y agrega: “Me estoy yendo por este proyecto. Tengo obligaciones familiares y presupuestarias. No puedo cambiar así como así mi tren de vida. A los 60 años todos podríamos dejar de ejercer la profesión. Tenemos buenas ofertas para trabajar en estudios importantes: pero casi todos nos quedamos por vocación”.
Sobre la letra del proyecto del oficialismo (que se tratará en Diputados el jueves próximo), Caminos acepta uno de sus puntos: la suba del piso de edad para jubilarse, de 60 a 65 años. “Lo de la edad está bien. Hay disposición para hacer un sacrificio en el marco de crisis, pero no para dar de baja un sistema que hace a la institucionalidad del país. Este régimen favorece la independencia. No es un privilegio”, opina.
Con 62 años, Silvina Manes presidía la Cámara de Apelaciones del Fuero Penal, Contravencional y de Faltas del Poder Judicial porteño. Había sido reelecta por el voto unánime de sus colegas, en diciembre pasado. Pero el 1º de febrero presentó la renuncia. En los últimos días, la lista de jueces salientes se agrandó. Se jubilaron Miguel Omar Pérez (de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo), Marcelo Gonzalo Díaz Cabral (Tribunal Federal de San Martín), Beatriz Bistué de Soler (Criminal y Correccional) y la porteña Graciela Dalmas. Al momento, van 13 jueces, 17 fiscales, y contando.
