Las autoridades de ambas Cámaras del Congreso de la Nación y la dirigencia de los tres gremios que representan al personal legislativo firmaron un primer acuerdo salarial por el cual se incrementan los salarios del sector en el orden del 10 por ciento para el período 1º de marzo al 31 de julio del corriente año.
Se estima además que el mismo aumento porcentual impactará en las dietas de los legisladores nacionales. En tanto, quedará para los primeros días de agosto la reapertura de las paritarias.
Así lo confirmaron hoy, la Asociación del Personal Legislativo (APL), ATE-Congreso y UPCN-Congreso mediante un comunicado conjunto.
El escalafón de los empleados legislativos se conforma de categorías, las cuales cuentan con un determinado número de módulos a los que se les adjudica un valor monetario que conforman el salario de cada trabajador, en este caso el valor de cada módulo pasó de 69.23 pesos a 76,15 pesos.
Se supone que el mismo porcentaje de aumento impactará en las dietas de los senadores y diputados nacionales, dado que desde que los gremios del sector comenzaron a discutir salarios en paritarias, los legisladores fueron beneficiados con un efecto enganche que le permite incrementar sus ingresos a partir de los referidos acuerdos paritarios de los empleados legislativos.
Los legisladores también cobran dinero por desarraigo y por pasajes aéreos y de autobús que perciben los representantes del interior, que de no ser utilizados pueden cambiar por efectivo.
A fines de octubre del año pasado, ya con la gestión macrista, estalló un escándalo mediático cuando se conoció que los legisladores percibieron un aumento que rondó el 47 por ciento, mientras eran varias las organizaciones sindicales que reclamaban un bono compensatorio o la reapertura de las paritarias.
En época del kirchnerismo, y por una resolución conjunta de los entonces presidentes de ambas Cámaras, Julián Domínguez y Amado Boudou, se dispuso que los legisladores no podían cobrar menos del 20 por ciento de lo que cobra un director de cualquier área del Congreso de la máxima categoría (A-1), fue cuando se descubrió que había empleados jerárquicos del Congreso que cobraban más que varios legisladores.
