Tras la batalla en el Congreso, la reforma previsional comienza su recorrido judicial
La Defensoría del Pueblo bonaerense presentó un recurso de amparo ante la Justicia para declarar inconstitucional la norma.
El Congreso durante el debate por la reforma previsional |
Noticias Argentinas
La Defensoría del Pueblo bonaerense presentó un recurso de amparo ante la Justicia para declarar "inconstitucional" la reforma previsional que fue aprobada por el Congreso en la madrugada del martes de esta semana. El organismo argumenta que la norma es de carácter "regresiva" y que produce "daños irreparables" entre los beneficiarios del sistema.
De ese modo, y como era esperable, la reforma previsional comienza su recorrido judicial. Ante esta perspectiva, la ANSES, a cargo de Emilio Basavilbaso, pidió a la Justicia que las presentaciones colectivas que se hagan contra la norma recayeran en un mismo juzgado.
Según informó la agencia Noticias Argentinas, la solicitud apunta a que se dé cumplimiento a un planteo de la Corte Suprema, que buscó evitar que haya sentencias contradictorias respecto de un tema sobre el cual, en última instancia, terminará decidiendo el tribunal supremo, en un recorrido que demorará varios meses e incluso años.
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En la presentación, realizada junto a la Confederación General de Jubilados, el organismo que conduce Guido Lorenzino asumió la voluntad de ejercer la representación colectiva de todos los que se consideran damnificados por los cambios en las jubilaciones, pensiones ordinarias, pensiones no contributivas y la Asignación Universal por Hijo (AUH).
"Las modificaciones introducidas a la norma van en contra de lo que dice la Constitución y los tratados internacionales", evaluó Lorenzino, quien consideró que "vulnera el derecho de propiedad, la igualdad ante la ley, la movilidad jubilatoria, la no discriminación, el principio de progresividad y el no retroceso en materia de seguridad social". Asimismo, la Defensoría subrayó que las modificaciones en el régimen jubilatorio "generan graves amenazas, como la disminución de ingresos alimentarios, además de la sensible pérdida del poder adquisitivo que afectaría a aproximadamente a 10.000.000 de ciudadanos".
La presentación de la Defensoría también considera que la reforma es "discriminatoria para los beneficiarios por moratoria, ya que no se les reconoce la garantía del 82% del salario mínimo vital y móvil".
