Aministía Internacional Argentina envió una carta al presidente Mauricio Macri con el fin de alertarlo respecto a una serie de “preocupantes” situaciones y políticas ocurridas en Brasil en materia de derechos humanos bajo el gobierno del presidente Jair Bolsonaro y que la organización desea que el mandatario argentino las incluya en las conversaciones con su vecino cuando ambos mandatarios se reúnan en Casa Rosada.
La misiva lleva la firma de la directora local de Amnistía, Mariela Belski, y enumera, en primer lugar, “la retórica hostil a los derechos humanos por parte de las autoridades de alto nivel”. Ese tipo de conductas, de las que no excluye al propio Bolsonaro, “estimulan la proliferación de discursos de odio, polarizan a la sociedad y podrían legitimar distintas violaciones de derechos humanos”.
Igual de relevante, considera Aministía, es la flexibilización en materia de regulación sobre tenencia y posesión de armas de fuego, gracias al decreto firmado por Bolsonaro bajo el número 9785/ 2019. Amnistía manifestó su preocupación puesto que “el aumento de la circulación de armas de fuego está íntimamente relacionado con el incremento de los delitos y la inseguridad”, además de que puede contribuir a multiplicar la letalidad de las accciones de la policía.
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Un día antes, once ministros de Justicia de los gobiernos previos, desde el de Fernando Henrique Cardoso hasta el de Michel Temer, publicaron una carta en Folha donde rechazaron la política de seguridad del actual gobierno de Brasil, con particular énfasis en sus ideas en el campo armamentístico. También Aministía apuntó contra esta área aunque haciendo hincapié en el endurecimiento del carácter punitivo de la política antidrogas de Bolsonaro, que “puede dar lugar a graves violaciones de derechos humanos, como el derecho a la salud”.
Asímismo, otro de los temas que la organización con sede en Argentina trasladó a Macri con el deseo de que lo incluya en sus conversaciones con Bolsonaro es el de ciertas medidas que “atentan contra los derechos a la verdad, a la justicia y a reparaciones de las víctimas de delitos de derecho internacional cometidos por el Estado durante el régimen militar”.
Aluden a otro decreto, el 9759/ 2019 del 11 de abril, que suspende desde el 28 de junio la actividad del colectivo de antropólogos forenses que analizaba 1.047 cajas con restos óseos provenientes de fosas comunes en el cementerio de Perus, en el oeste de São Paulo. Una labor que se remonta a 2014, cuando se conoció el informe final de la Comisión Nacional de la Verdad convocada por la presidenta Dilma Rousseff. Un dato no menor es que el actual mandatario rechazó, entonces como diputado, la labor de dicha comisión por considerar que no se trató de un golpe de Estado ni de una dictadura militar.
Bolsonaro rechazó la labor de la Comisión Nacional de la Verdad por considerar que no se trató de un golpe de Estado ni de una dictadura militar
En su carta, Aministía Internacional Argentina sugiere la derogación de aquel decreto, y también de la llamada Ley de Amistía, de 1979, que frenó los procesos judiciales por violaciones a los derechos humanos. De igual modo, recomienda que Brasil incorpore las disposiciones del Estatuto de Roma –que dio origen a la Corte Penal Internacional– a su normativa interna, tal como hizo Argentina.
Por último, Aministía alertó en su carta sobre el “intento de injerencia indebida en el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil que operan en Brasil”. Aseveran que constituye un peligro “para la libertad de asociación y puede poner en riesgo la labor de las organizaciones”.
M.B / D.S.
