El gobierno nacional, cuando implementó el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para paliar a los hogares por el confinamiento, esperaba que fueran unos 4 millones de beneficios. Pero fueron más de 8 millones.
Más allá de que la necesidad es grande y abarca a mucha gente, también operó una grosera falla de gestión. Se estableció que se daría un IFE por familia y se le permitió a cada persona la posibilidad de considerarse como grupo familiar unipersonal a través de una simple declaración jurada. Esto generó que muchos jóvenes se catalogaran como tal y accedieron al IFE aun cuando muchos de ellos viven con otros miembros, de los cuales no se sabe si también están recibiendo el IFE.
Así es como se otorgaron 1,6 millones de IFE a jóvenes entre 18 y 24 años en categoría de hogares unipersonales, cuando según la encuesta de hogares del INDEC habría no más de 120 mil jóvenes en esta condición.
Se otorgaron otro millón de IFE a jóvenes entre 25 y 34 años auto-catalogados como unipersonales, cuando según los datos del INDEC no habría más de 250 mil viviendo en esta situación. Hubo superposición de beneficios en un mismo hogar pero el Ministerio de Trabajo ya tomó las medidas correctivas y es de esperar que el error no se repita.
Hubo claramente una superposición de beneficios asistenciales dentro de un mismo hogar.
¿Qué enseñanza deja esta falla para la gestión de la política asistencial?
El Estado nacional desaprovecha información de bases de datos existentes lo que lleva a duplicar o triplicar la ayuda asistencial en ciertos hogares y no llegar a muchos otros que posiblemente están en igual o mayor estado de necesidad. Esto es producto de que no hay coordinación entre las jurisdicciones nacional, provincial y municipal.
Las provincias y los municipios a través del Registro Civil documentan los datos más vitales de una persona, como son el nacimiento, las adopciones, el casamiento, uniones conyugales, divorcios, separaciones y la muerte. Sin embargo, no hay conexión digital on-line entre los registros civiles entre las provincias y con la Nación. Esto permitiría tener una idea más cabal de cómo se conforman las familias y donde tienen asentada su lugar de residencia.
Permitiría también, entre otras cosas, tener un seguimiento mucho más oportuno de los nacimientos para su cruce con los beneficios sociales y de las muertes para evitar pagar jubilaciones de más.
Lo mismo cabe para los registros de las Direcciones de Rentas provinciales que no están interrelacionados entre las provincias y la Nación haciendo que mucha información de ingresos y riqueza no esté siendo aprovechada por todas las jurisdicciones, aun cuando está presente en bases de datos digitales.
Donde más oscuridad prevalece, sin dudas, es en las bases de datos de los planes asistenciales. Por aquí es donde se filtran la mayor cantidad de inequidad y derroches de fondos públicos. En Argentina hay más de un centenar de planes asistenciales entre la Nación, las provincias y los municipios. Pero no hay ningún tipo de interrelación de bases de datos por lo que mucha gente recibe varias ayudas sociales desde diferentes programas. Este es el caldo de cultivo a las notas televisivas que muestran en las zonas limítrofes avalanchas mensuales de extranjeros que cruzan la frontera argentina para cobrar su plan asistencial y volver a su país de origen.
Cuáles son los nuevos requisitos para acceder al Ingreso Familiar de Emergencia
Es muy común escuchar a los políticos defender los planes asistenciales bajo el eufemismo de un “Estado presente”. Cuando en realidad, con la rusticidad que se gestiona la identidad de las personas, las estadísticas vitales, la conformación de las familias y la asignación de dichos planes, más que presente, es un “Estado bobo”.
Ciertamente que este tipo de Estado es funcional a los que hacen política manipulando a la gente tomando provecho de su necesidad. La gente, por su necesidad, cae fatalmente en la manipulación. De aquí entonces que siempre flota la idea entre la clase dirigente que para evitar las manipulaciones habría que tener un plan asistencial universal. Cuando se creó la Asignación Universal por Hijo en el 2009 todo el arco político coincidía en que su principal virtud era su carácter de “universal”. Esto es, seria otorgada a las familias vulnerables sin intermediación de las organizaciones sociales.
Más de una década de funcionamiento de la AUH, el desorden de los planes asistenciales se multiplicó, superponiéndose incluso con la misma AUH. Ahora se habla de arreglar este desorden con un Ingreso Universal. Con los métodos arcaicos con que se maneja el Estado, esta idea terminará siendo un costoso derroche más.
Un Estado presente es un Estado eficiente que no regala los recursos públicos a mansalva sino que, gracias a una gestión profesional, llega a los ciudadanos que más lo necesitan sin intermediarios. Asimismo, promueve que la gente salga de la vulnerabilidad social por sus propios medios con educación y trabajo.
* Economista IDESA
