Simplificación, consenso y blanqueo: las claves detrás de la reforma tributaria que busca Milei
La incertidumbre prima sobre una de las principales políticas del inminente gobierno libertario. Por un lado, la reducción de la presión fiscal; por el otro, las dudas por la recaudación, las negociaciones con los gobernadores y el temor de que el ajuste recaiga sobre la gente.
El 10 de diciembre, Javier Milei se pondrá la 'banda presidencial' en el Congreso y asumirá la responsabilidad, como presidente de la Nación, que le otorgaron casi el 56% de los argentinos a través de las urnas. Y en las horas posteriores a su arribo a la Casa Rosada, una de las prioridades del nuevo gobiernopasará por impulsar una reforma tributaria.
El tema ha estado 'en boca de todos' en los últimos meses. Por caso, el mismo libertario ha remarcado la "necesidad" de transitar hacia un equilibrio de las cuentas fiscales. Por el otro, los gobernadores e intendentes, han mostrado diversas posturas al respecto: algunos mirando con preocupación el efecto en la recaudación que puede tener una modificación brusca de la matriz impositiva y otros, alentando una simplificación en este sentido.
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Sin embargo, existe incertidumbre por el cómo se puede llevar adelante un recorte de magnitud significativa y si es viable en el corto plazo o si requiere de gradualismo hasta alcanzar el equilibrio en donde la caída recaudatoria y el recorte del gasto público, no terminen impactando de lleno en la gente.
¿Desde dónde se parte?
Un reciente informe de LCG proyectó un déficit primario del 2,7% del PBI, casi un punto por arriba de la meta comprometida con el Fondo Monetario Internacional, del 1,9%.
Según informó la consultora, el gasto público consolidado (Nación+Provincias+Municipios) cerrará el año en torno al 38% del PBI. Y aunque es el punto más bajo del mandato de Alberto Fernández, está alejado del promedio registrado durante la década de los '90, un objetivo que persigue Milei y su equipo económico, muy vinculado al menemismo, además de adeptos a las prácticas y políticas neoliberales que este ciclo llevó adelante entre 1989 y 1999.
Este será el 'punto de partida' con el que el referente de La Libertad Avanzabuscará la convergencia hacia el equilibrio fiscal a partir del 10 de diciembre.
Aunque llevar adelante esto de manera intempestiva podría perjudicar a sectores sensibles mediante distintas medidas, como la eliminación de la obra pública y la quita de subsidios a la energía, considerando que, en la actualidad, y respecto a este punto, el Estado cubre más del 70% del costo de los hogares.
El contador tributarista César Litvin remarcó que "toda reforma tributaria requiere lograr, primero, un equilibrio fiscal". "Si eso no existe, es incompatible porque habrá menor recaudación que los gastos y el problema persistirá", enfatizó, en diálogo con PERFIL.
Coincidió Alejandra Sarni, asesora impositiva y Socia de Impuestos y Legales en BDO Argentina, quién sostuvo que "el reordenamiento del sistema tributario no es una tarea sencilla".
"Pese a que hay total hermetismo respecto a las medidas que concretamente va a adoptar el gobierno electo, nadie duda de que vamos a una tendencia de reducción fiscal. Pero esto no se va a poder concretar, por lo menos de manera total, ni en el inmediato ni en el mediano plazo. Hay que ver de acá a dos o tres años, como mínimo. Lo primero es reducir el gasto público", dijo.
En este contexto, Litvin aseveró: "Suponiendo, entonces, que se logre el equilibrio fiscal, los impuestos que hay que reformular tienen que ver con dos pilares básicos. Uno de ellos es simplificar el sistema tributario".
Según datos del IARAF, existen 148 impuestos, tasas y contribuciones en Argentina, aunque sólo 10 de éstos aportan el 91% de los ingresos, mientras el 9% restante se completa con las otras 138 imposiciones.
"Y el otro es lograr competitividad", agregó. Este es un reclamo que han extendido desde diversos sectores industriales ante el interés de Milei de llevar adelante una apertura unilateral del comercio internacional que pueda imponer una presión de la competencia global contra las empresas locales; que, en buena parte, responden a la fuerte presión impositiva, de entre el 40% y 50% para el sector formal.
"La falta de competitividad no es responsabilidad de la PyME, sino del desbarajuste del Estado en lo que es cargas, tasas, aportes, contribuciones, costos laborales y los 150 impuestos que se pagan, además de los costos de las materias primas. Si se corrigen esas cosas, y hay reglas del juego claras, yo puedo ser competitivo", expresó José Tamborenea, presidente de la Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas (CADIEEL).
"Y en el podio de los impuestos más distorsivos, y que más afectan nuestra competitividad, está Ingresos Brutos. Es medieval, no se usa en el mundo. Tiene como cuestión reprochable que se va potenciando con un efecto acumulativo, tipo cascada, en cada una de las etapas del proceso económico. Hay que buscar un consenso con las provincias para reformularla urgentemente", aseguró Litvin.
Impuestos coparticipables, un punto clave a la hora de la reforma tributaria
Y el tema de un acuerdo fiscal con las provincias no es menor. Es que un punto clave del debate pasa por aquellos tributos coparticipables, recaudados por el Estado Nacional y de los que luego, en base a un porcentaje, se reparte 'una porción' o su totalidad, dependiendo el caso, a las distintas regiones del país.
Dos de las más importantes, en este sentido, son el Impuesto a las Ganancias y el Impuesto al Valor Agregado (IVA), ambos modificados en plena campaña electoral por el, hasta el 10 de diciembre, ministro de Economía, Sergio Massa. Esto provocó el enojo de los gobernadores, quiénes no pudieron anticiparse a la baja en los ingresos, de manera brusca, y denunciaron que, sin ellos, se les hacía imposible pagar los sueldos y los aguinaldos en diciembre, lo que llevó a un desembolso del Gobierno por parte del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
Para Sarni, será clave para el próximo gobierno "trabajar en una nueva Ley de Coparticipación Federal", que data de 1988. La norma dispone que, del total de impuestos coparticipables, el 42,34% se los queda el Estado Nacional, el 56,66% se reparte entre las provincias de forma automática y el 1% se reserva para el ATN. "Debe incluir más impuestos, al menos transitoriamente", indicó.
"Se habla de que el 50% de la recaudación del impuesto a los débitos y créditos bancarios se sume a la masa coparticipable, algo que hoy tiene una asignación específica, la ANSES", argumentó.
Este interés se confirmó en las últimas horas, cuando se acordó la presentación de un proyecto de ley para coparticipar el también llamado Impuesto al Cheque, buscando compensar el agujero que generó en las cuentas provinciales la eliminación de los dos activos por parte del Gobierno, y la tendencia de que esto se mantendrá en el 2024.
"Entonces la clave estará en cómo negociar para trabajar en esto, que se plantea como una necesidad para eliminar impuestos distorsivos sin perjudicar a las provincias, porque ellos tienen que sacar recursos de algún lado", sostuvo la Contadora Pública egresada de la Universidad de Buenos Aires.
Cabe remarcar que, según datos de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales, en 2022 las jurisdicciones recibieron un total del $ 6.527.242 millones de origen nacional, siendo Buenos Aires la que más recibió a nivel total, quedándose con $1.471.986 millones, y Tierra del Fuego la que más se benefició en cuanto a reparto per-cápita, llegando a la provincia $398 por persona promedio.
Blanqueo y moratoria: las 'puntas' de Milei para recaudar
Pero más allá de que Javier Milei habla de un equilibrio fiscal a partir de la eliminación de "costos" por parte del Estado, necesitará financiamiento para aplicar las políticas que busca llevar adelante, considerando sus propios dichos, en donde afirmó que"la billetera del capital humano va a estar abierta" durante su gestión.
Este es otro punto de incertidumbre: de dónde generará esos ingresos sin alterar la carga impositiva. Para César Litvin "seguramente en este proyecto de reforma estarán presentes dos herramientas que se usan frecuentemente cuando la Argentina está en una situación de tanta inestabilidad económica e informalidad, como lo son el blanqueo y la moratoria".
Respecto a la primera, Sarni consideró que "es una necesidad para recaudar y para reinsertar a muchas empresas al sistema formal", aunque aseguró que esta medida "requiere no solo de un acompañamiento que brinde seguridad jurídica y estabilidad fiscal después de haber blanqueado, por ejemplo, divisas desde el exterior, sino también de otras acciones" como, por mencionar, la reducción de la alícuota de Bienes Personales, que es "uno de los impuestos más perjudiciales de la actualidad", que se aplica sobre los bienes situados en el país y, según el caso, en el exterior.
Según el informe de Balanza de Pagos, Posición de Inversión Internacional y Deuda Externa del INDEC, en el segundo trimestre del 2023 los argentinos poseían fuera del sistema financiero local US$264.948 millones, cifra que comprende el dinero alojado en cuentas bancarias declaradas en el exterior, los fondos atesorados en cajas de seguridad o los billetes guardados “en el colchón”, tanto en dólares como en otras divisas. Esto, por mencionar, representa más de 10 veces las reservas actuales del Banco Central, de U$S 21.538 millones al 27 de noviembre.
Por el lado de la segunda, Litvin remarcó que "es una herramienta que da la posibilidad de que el contribuyente que no ha podido pagar los impuestos tenga la posibilidad de hacerlo y, de esa manera, se haga un cambio en el activo del Estado".
Sin embargo, ambos expertos coincidieron en que, para que estas disposiciones sean efectivas, el gobierno de Javier Milei debe "generar confianza".
