Javier Alonso, el ministro de Seguridad de PBA, remarcó que, en temas de seguridad, “hay un problema que tiene que ver con la integración de todos los actores”. “Estamos construyendo desentendimientos, tuvimos reuniones de trabajo y hay una mesa técnica que está funcionando”, declaró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1) en relación al ministerio de Patricia Bullrich.
Javier Alonso es el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Además, estuvo al frente de la Subsecretaría de Formación y Desarrollo Profesional. También, en el año 2008, ocupó la secretaría de Seguridad Interior del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.
Alejandro Gomel: ¿Cómo está viendo la situación que se está dando en los alrededores del Congreso?
Esta etapa me recuerda la canción de Charly García “Los Dinosaurios”, a la sociedad Argentina le costó mucho recuperar la vida democrática. Nosotros tenemos una tradición política en donde la gente se reúne, discute ideas y hay una acción política que tiene que ver con manifestarse en la calle.
Hasta lo que yo entiendo, no hay estado de sitio, los partidos políticos están vigentes y la acción política no está prohibida. Nosotros como Gobierno provincial tenemos amplias diferencias con el Gobierno nacional, estuvimos en un balotaje y ambos llevamos dos modelos de país a las elecciones, y en el marco de ese modelo de país las dos fuerzas debatieron mucho sobre seguridad y sobre la necesidad de construir un orden.
El orden siempre se debe dar en el marco del estado de derecho y la tradición democrática, uno recuerda un montón de debates y leyes calientes, incluso desde Alfonsin. No sé si recuerda la ley de sindicatos, donde hubo miles de personas en la calle y la ley funcionando en el Congreso, que después salió. O la ley de privatizaciones de Menem, con gente en la calle juntando firmas.
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No podemos pensar que las manifestaciones tienen que ver con impedir que funcione el Congreso, es un matiz importante que tenemos que tener en cuenta, así como el orden público es imprescindible para la convivencia, como también es indispensable garantizar la libertad de expresión y de prensa.
Me parece que es parte de las diferencias que tenemos, el presidente Milei irrumpió en la política hace poco tiempo, todos reivindicamos como les pidió a los jóvenes que se involucren, promovió la acción política, con diferentes formas pero lo hizo.
El PRO hizo un acto muy importante cuando fue la medida de la 125 en el monumento a los españoles, me parece que hay un montón de ejemplos de manifestaciones públicas y el Congreso funcionando, no compartimos esa decisión de cercenar las manifestaciones, cuando uno ve el operativo hay un montón de imágenes que hablan por sí mismas.
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AG: Hay imágenes que impactan. ¿Es necesario semejante despliegue para impedir lo que ellos llaman ‘corte de calles’? ¿Por qué se llega a esto?
Me parece que lo que está en discusión es la decisión de impedir la manifestación o de poner en el plano una manifestación que no tiene nada que ver con un piquete. En la provincia hace 4 años que liberamos todas las rutas y todas las autopistas, además no permitimos que haya bloqueos en los portones de las fábricas.
Nosotros, en estos 4 años, convivimos con eso, construimos un modo de trabajo en donde impedimos que se obstruya la circulación, y eso me parece que no está en discusión.
Esto es otra cosa que tiene que ver con una manifestación pública relacionada con un montón de temas calientes que se están debatiendo en el Congreso, la sociedad tiene derecho a manifestarse. Respecto al operativo policial, me parece que la discusión es que si se decide ese orden debe estar en el marco de la convivencia democrática y el estado de derecho.
Claudio Mardones: Mientras estamos charlando, están promediando los primeros 45 minutos del tercer round de la sesión maratónica en torno al debate de la ley ómnibus. Hay muchas discrepancias respecto al capítulo de seguridad de la ley, incluso el radicalismo podría llegar a votar en contra. El día de hoy tuvimos la oportunidad de entrevistar a un ex juez federal, Fernando Carbajal, un actual diputado del radicalismo. Carbajal anticipó su rechazo pero también sostuvo que independientemente de que pueda no prosperar el capítulo, todas las defunciones que están ese capítulo son inaplicables en las provincias, porque son atribuciones para el Ministerio de Seguridad que no tiene jurisdicción provincial. ¿Qué opinión tiene al respecto? ¿Ha leído el capítulo de seguridad de la ley ómnibus?
Creo que hay que actualizar algunos marcos normativos que son importantes, hay debates que se deben dar en los códigos procesales y penales de la provincia. La justicia ordinaria se rige por códigos procesales, hay figuras que son difíciles de resolver desde nación si no se modifican los códigos procesales. Por ejemplo, en el tema menores, en PBA, tenemos un marco normativo que nos permite avanzar en un montón de situaciones, que tal vez otras provincias no tienen. Para nosotros no va a ser un problema, incluso la ministra Bullrich dijo públicamente lo que estoy diciendo.
Me parece que respecto de los menores debemos mejorar muchísimo lo que se está haciendo, tenemos unos 40.000 menores que aprendemos por año, de los cuales 500 terminan internados en un instituto de encierro, 400 con una medida de morigeración y otros 400 son derivados a las familias, el resto de los 38.700, en muchas casos, los fiscales ni los entrevistan y les dicen a los policías que los devuelvan a las familias.
Lo que nosotros hacemos en términos estadísticos nos demuestra que hay un montón de pibes de 12 años con armas de fuego que salen a robar motos. Mirar la edad, bajarla o no hacerlo, es mirar por un agujero muy chiquito, mi pregunta es qué va hacer el Estado con los 40 mil pibes que están en una condición de riesgo del punto de vista criminológico para sumarse a estructuras criminales, que son los que no están generando daño, porque son los que se socializan con armas de fuego desde los 12 años, que luego la policía detiene, llevamos a la justicia y esta los devuelve a sus familias, a unos padres que no se pueden hacer cargo de sus crianzas, porque por algo están como están.
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Tenemos que ver cómo abordamos ese fenómeno, la baja de la edad no lo va a resolver. Desde el punto de vista más concreto, tenemos que trabajar en una integración de los esfuerzos, del ministerio de seguridad de la nación, de la justicia federal, de la procuración nacional y provincial, de la justicia provincial y nacional y de todos los actores, porque dentro el marco jurídico hay un montón de situaciones que se pueden hacer. Por ejemplo, el homicidio de Nicolás en Chascomus, la persona que lo mató con una barra de hierro de una construcción había sido detenido por la policía por haber cometido un intento de homicidio con una tijera a otro muchacho que por suerte se salvó, pero la justicia lo dejó en libertad. Si ese chico hubiera estado preso o en un instituto no hubiera asesinado a Nicolás.
La realidad nos educa, tenemos que sentarnos todos alrededor de una mesa y ver qué cambios debemos hacer. La situación del desborde de la droga de la provincia de Buenos Aires es una situación que ha venido creciendo. Hace tiempo que no se conoce de un juicio federal por drogas en PBA, o de un allanamiento a financieras o incautación de bienes económicos por causa de lavado de dinero vinculados a movimientos de drogas en PBA. La policía hace un esfuerzo enorme, tenemos que integrarnos con la fiscalía. Ya tenemos una mesa técnica con el ministerio de seguridad de nación, debemos avanzar para que eso ocurra.
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AG: Entonces, ¿el problema es la justicia?
Hay un problema que tiene que ver con la integración de todos los actores. Somos muy críticos de lo que se hizo en la desfederalización.
La provincia de Buenos Aires, en los últimos diez años, gastó 2 mil millones de dólares en percibir a narcomenudeo. En Virrey del Pino hicimos 47 allanamientos, metimos presos a todos los dealers. Nosotros no somos una provincia limítrofe con los países que producen la droga, pero de alguna manera llega. La provincia de Buenos Aires es una estructura desde donde se exporta la droga al mundo, las grandes organizaciones de narcotráfico tienen un sistema logístico en la provincia de Buenos Aires para poder exportar, que se paga en drogas.
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Hay una vinculación fuerte del robo automotor con el mundo del narcotráfico, toda esa droga con la que se pagan esos servicios logísticos, se transforma en organizaciones menores de narcomenudeo que están muy atomizadas, en la medida de que no combatamos esas estructuras, no vamos a poder resolver ese problema. Tenemos 6 mil presos por narcomenudeo en las cárceles de la provincia, la ley de desfederalización implicaba una transferencia de recursos importante de nación a provincia que nunca ocurrió. Muchas veces se habla desde un montón de lugares sobre la inseguridad en PBA, nosotros no negamos la realidad, estamos en una sociedad cada vez más violenta, y ese es el resultado de la sociedad en la que vivimos.
AG: ¿Se pueden coordinar políticas en común con el Ministerio De Seguridad de la nación?
Se puede. Debemos y estamos trabajando con Bullrich, el mandato popular de las elecciones fue muy claro, nosotros tenemos que cuidar a los bonaerenses. Tuvimos varias reuniones con la ministra de Seguridad y estamos construyendo desentendimientos, tuvimos reuniones de trabajo y hay una mesa técnica que está funcionando, estamos avanzando. Acá hay un método profesional, no hay que inventar nada, solo hacer lo que corresponde. Tuvimos reuniones con la PROCUNAR y las fiscalías provinciales. Le plantee al procurador de la provincia que hay que construir una política de persecución estratégica criminal de las bandas, porque si hay un hecho que se produce en Quilmes se trabaja de una manera, pero si el mismo hecho se produce en La Plata, la justicia lo maneja diferente, así como si se produce en Avellaneda o en la Matanza. Tenemos que crear una procuraduría, porque los que llevan adelante las investigaciones son los fiscales, no la policía, la policía es auxiliar del fiscal.
Necesitamos que haya un procurador provincial de crimen organizado que tenga la capacidad de trabajar con un distrito único y que en los diferentes departamentos haya una persecución de bandas con una estrategia acordada con el Ministerio de Seguridad de las provincias, que se acople a una estrategia de persecución que arme el gobierno nacional con la justifica federal. Hemos hecho diversas reuniones y estamos avanzando en ese sentido.
VF FM
