La Argentina hoy fluctúa entre la urgencia y la emergencia. Entre los efectos letales de una pandemia que jaqueó al mundo, y sus severas consecuencias para la economía global y local. Y con un agravante: todo indica que este escenario se prolongará, cuando menos, por varios meses. Después, además, debe esperarse una recuperación que no será nada fácil ni rápida. Ante este pronóstico, la dirigencia empieza a comprender que semejante tarea no será posible si la encara un único sector político, productivo o colectivo ciudadano y entonces se explorar como fórmula posible para asumir tal desafío el formato del “Consejo Económico y Social”.
Nuestro país se ha dado un esquema constitucional que no ha contemplado o incentivado este tipo de mecanismos de diálogo ampliado. Con la reforma de 1994 incorporamos una serie de herramientas que finalmente nos acercaron más a la concepción europea de “democracia de los consensos”. Y si bien se exploraron fórmulas para instituir el diálogo multisectorial, los constituyentes no llegaron a implementarlas.
Mi provincia, Corrientes, tuvo muchos conflictos institucionales desde la recuperación democrática. Sufrió dos intervenciones federales. Y eso marcó a nuestra clase dirigente: la provincia en esas circunstancias terminaba en manos de personas que no conocían nuestra idiosincrasia, necesidades u objetivos como identidad territorial, cultural y económica. Todas las fuerzas políticas encontramos ese punto de coincidencia y logramos consolidar la convivencia y la estabilidad institucional. Fue un paso central para empezar a transitar nuestra experiencia de “Consejo Económico y Social”.
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Con ese nivel de acuerdo, en 2007 se llevó a cabo una reforma de la Constitución (de la que fui convencional constituyente) y en la nueva Carta Magna de Corrientes se incluyeron muchos de aquellos postulados pro consenso considerados en la Constitución Nacional de 1994. Uno de ellos fue una figura transitoria: el Pacto Correntino de Crecimiento, que establecía -con rango constitucional- la conformación de un mecanismo de consulta que pactara las condiciones para el desarrollo de la provincia.
Tres años después, ya como vicegobernador, me toca presidir el “Consejo para el crecimiento Económico y el Desarrollo Social”. Un consejo Económico y Social, en síntesis. Como docente, era un tema que yo había abordado mucho en mis cátedras, y esa experiencia me significó una gratificante oportunidad práctica para plasmar esas ideas.
Como primera medida, dividimos la provincia en seis regiones según las cualidades productivas y geográficas de cada una. Y se invitó a ONGs, entidades productivas, municipios, concejos deliberantes... Fue una convocatoria amplísima. En cada lugar al que fui a moderar, dejaba en claro que eran los integrantes de las asambleas quienes decidían a quién elegir y cómo elegirlo. Hubo votaciones secretas, a mano alzada y en otras se buscaron listas de consenso...
Así comprobé cómo, quienes inicialmente eran adversarios, luego acordaban integrar la comisión de la asamblea que presidía quien los habían derrotado electoralmente.
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Aquellos presidentes de regionales también constituyeron a su vez el Consejo Provincial, que estaba presidido por el único miembro político de esa organización y cuyo cargo era ad honorem: el vicegobernador, en aquel caso inicial, quien esto escribe. El proceso duró unos siete meses y es en esta instancia donde surgió el fenómeno más interesante de todo esto: el aporte de proyectos para el presupuesto provincial.
Es que cada región ya contaba con las herramientas para debatir y decidir cuáles iban a ser las propuestas más útiles para sí. Se elevaban al consejo provincial y de allí se presentaban (presentan, porque este organismo sigue vigente) ante las autoridades políticas del Ejecutivo y el Poder Legislativo.
El esquema resulta enriquecedor en todo sentido porque esas iniciativas nacen del corazón de la sociedad, que es la que los impulsa para convertirlos en ley a través de sus autoridades. Es decir: al concepto de planeamiento le sumábamos el profundo arraigo en la sociedad de cada decisión. Esa fue la intención y se logró. En el Presupuesto de 2014 comenzaron a incorporarse proyectos surgido de ese Consejo.
Los resultados de la experiencia correntina fueron más que positivos, y es de esperar que podría suceder lo mismo si se aplicara a nivel nacional. Pero no podemos perder de vista que eso no será posible únicamente con voluntarismos. Pero sí será esencial para ese diálogo la voluntad política y la confianza. Y deberá dejarse atrás la lógica amigo/enemigo. Si esta perdura, no hay posibilidad de que esto funcione.
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Días atrás participé de un debate online sobre este tema con dos prestigiosos académicos que me permito citar con el afán de sumar desde ya mismo a ese esquema de construcción colectiva y plural. Decía allí el doctor Marcelo Resico: “El Diálogo Económico y Social se debe sostener en un círculo virtuoso de la confianza y la cooperación, en lugar del círculo vicioso de la desconfianza y el repliegue de cada grupo a su individualidad. Debe prevalecer la voluntad del diálogo honesto por sobre la astucia y la prepotencia que no conducen a nada grande que sea para el bien común del país. Debemos construir confianza con el que opina diferente”.
Con perspectiva histórica, el doctor Resico en esa charla -convocada por la organización “Bases para el Bien Común”- nos explicaba que debemos construir una visión compartida del país de abajo hacia arriba, desde consensos mínimos a la cooperación más amplia que nos lleve a que cada uno de los actores tenga su tiempo de liderazgo en ese trabajo en equipo. Y en este punto me permito hacer una acotación propia con ese objetivo en la mira: debemos afianzar una cualidad institucional que nos debemos: la de la alternancia política.
En mi opinión el gran drama argentino fue el de las confrontaciones cerriles, y eso nos impidió lograr lo que en ciencia política se llama “la posibilidad cierta de alternancia”. Es decir, que la sociedad sepa que si una fórmula no satisface sus expectativas, tendrá otra para buscar esos objetivos. Esto es una deuda de la dirigencia política con los argentinos.
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En esa misma charla a la que me referí, el doctor Alfonso Santiago expuso los muchos ejemplos históricos (de otras naciones y propios) de espacios institucionales de diálogo multisectorial con fines prácticos. Y desde esa perspectiva valoró su innegable utilidad y eficacia. Como base de éxito de una sociedad, el doctor Santiago ponderó el tener una vida política basada en el diálogo y las razones, para tomar decisiones racionales, basadas en el consenso. “El diálogo económico y social cumple con estas premisas, y si a esto se le da un rango institucionalizado es una idea muy buena”, puntualizó.
Finalmente, antes de iniciar esta tarea, los tres oradores coincidimos en vencer una limitación que tiene que ver con aquél espíritu confrontativo expresado más arriba: el de la escasa capacidad de ceder el interés sectorial para lograr acuerdos comunes en bien del interés general.
Confío, personalmente, en que la magnitud de los problemas que enfrentamos en estas horas, días y meses hará que las posiciones más extremas se depongan en pos de un “bien común” que hoy es más evidentemente que nunca. Y hay lugar para la esperanza: la dirigencia argentina –política, social, económica, sindical, los referentes científicos, intelectuales- de casi todas las jurisdicciones políticas del país, han demostrado en estas duras semanas una madurez inédita detrás de un objetivo para el bien de todos: detener al Covid-19.
* Senador Nacional Juntos por el Cambio Corrientes.
