La corte Suprema bonaerense determinó una licencia de 90 días para Julieta María Ormaechea, titular del Juzgado de Paz de San Vicente, por maltratar a víctimas de violencia familiar que realizaron denuncias en su juzgado, y por “actuar de manera impropia” al quemar expedientes de denuncias.
Por los reiterados malos tratos a las denunciantes, la Subsecretaría de Control Disciplinario de la Suprema Corte de la provincia abrió un expediente administrativo luego de que el procurador Julio Conte Grand presentara una denuncia el 17 de abril de 2019.
Allí se acusa a la titular del Juzgado de Paz de San Vicente de “quebrantar las normas protectoras contra la violencia familiar”, según detallaron fuentes judiciales al diario platense El Día, por lo que la magistrada tendrá una licencia de 90 días a partir del 2 de mayo, de acuerdo al expediente 3001-23860/19.
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En el expediente sostienen que en los “numerosos” testimonios recolectados por la instrucción se detectan situaciones de maltrato “por parte de la Dra. Ormaechea a mujeres que comparecieron ante los estrados del Juzgado por la problemática de Violencia Familiar”.
“¿Usted es tarada, es mogólica? ¿Es discapacitada? (…) vuelva con él y déjese de molestar”, le habría dicho Ormaechea a una víctima que se acercó al Juzgado de Paz para denunciar a su pareja por agresiones, por segunda vez. Además, le habría advertido a la mujer que “deje de jugar con la Husticia”, de acuerdo a lo que sostiene el documento.
La magistrada fue acusada de sistematizar "un actuar impropio" para el cargo, y entre las razones apuntan a que exigía “la ratificación de las denuncias”, cuando la ley 12.569 de Violencia Familiar no lo dispone, por lo que mediante esta determinación "impidió el dictado de medidas tuitivas urgentes”.
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Otro particular episodio de la jueza motivó la decisión de sancionarla con una licencia por tres meses: dio la orden de quemar en la parrilla del juzgado las denuncias no ratificadas. Esta decisión podría implicar “delitos tipificados en el Código Penal”, dado que al destruirlas impidió que esas denuncias fueran incorporadas a la estadística y registro de violencia familiar. De esa quema de denuncias se habrían salvado solo las archivadas entre 2016 y 2018.
La magistrada exigía a la víctima “tramitar acciones no vinculadas a la violencia, bajo apercibimiento de dejarla (a la cautelar) sin efecto o no renovarla cuando se venciera”.
Asimismo, le atribuyen haber negado “de forma sistemática las medidas cautelares protectorias” en casos de violencia y que cuando las otorgaba, era tras un “elongado procedimiento” en el que la magistrada exigía a la víctima “tramitar acciones no vinculadas a la violencia, bajo apercibimiento de dejarla (a la cautelar) sin efecto o no renovarla cuando se venciera”.
Por otro lado, a Ormaechea la sancionaron por negarle a las víctimas “alimentos en supuestos en que su determinación resultaba urgente”, como así también incumplir con la prohibición que el artículo 11 de la ley 12.563 establece, que impide celebrar audiencias en forma conjunta entre las víctimas y victimarios, algo que la magistrada no respetó en el ejercicio de sus funciones.
A.G./F.F.
