“Scioli dejó de lado nuestra reforma policial”

E l doctor León Carlos Arslanián no sólo presidió el tribunal que juzgó a las Juntas Militares de la dictadura sino que, a lo largo de momentos cruciales, intervino activamente en las relaciones con las distintas fuerzas de seguridad. En este momento, sobre todo, su experiencia y su opinión nos resultan entonces particularmente importantes.
—Sí, reflexiona Arslanián, éste es un momento muy particular. Estamos en medio de una emergencia como la que hemos vivido en estos días: policía sediciosa, toma de supermercados, y un clima que, por supuesto, pone en evidencia la necesidad de trabajar intensamente en esta área. Creo también que es el tiempo para las grandes reformas policiales que son, para la Argentina, una asignatura pendiente.
—¿Cómo encararía las reformas?
—Nosotros tuvimos una experiencia muy buena como Ministro de Justicia en la provincia de Buenos Aires con la gobernación de Duhalde en 1991/92. Luego como Ministro de Seguridad con el Gobernador Felipe Solá (1998/99) tarea que continuamos entre el 2004 y el 2009. Básicamente se trató de descentralizar y desconcentrar a las policías dejando de lado los modelos verticales de conducción macrocefálica y actuamos con una concepción de la seguridad democrática en el sentido de que debe ser conducida por los gobiernos con sus elencos gubernamentales justamente capacitados para esto, terminar con las fuerzas policiales que se autogobiernan y se autonomizan. Me refiero a fuerzas policiales que deciden qué, cómo y cuándo perseguir un tipo de delitos o lo que fuere. En una palabra: recuperar a las fuerzas policiales para sus funciones esenciales que son la seguridad de la comunidad.
—Si mal no recuerdo, en aquellos períodos usted intentó acercar la Policía a la Universidad ¿qué pasó con aquel intento?
—Dentro de lo que fue la reforma hubo dos aspectos esenciales: en primer término sacar a la Policía de su aislamiento e integrarla con la comunidad. Efectivamente fue cuando hicimos convenios con las universidades y las universidades abrieron entonces sus aulas, sus puertas para impartir contenidos de la currícula académica policial y comenzaron así a conformarse carreras, licenciaturas en Seguridad, en Criminalística, etc. Resultó muy exitoso y fue parte de este fenómeno de reintegración. Y el otro fenómeno (muy intenso y muy interesante) fue la participación comunitaria. Me refiero a la creación de Foros alrededor de cada Comisaría formados por vecinos y habilitarlos así (a través de la Ley de Seguridades públicas) para que puedan intervenir en temas vinculados con la seguridad barrial de su zona, elevar propuestas, hacer seguimientos, monitoreos e, incluso, poder desarrollar programas oficiales entre las políticas públicas que todo gobierno debe impartir en materia de seguridad.
—Suena como muy interesante pero, por lo que podemos ver, no parecería que ha subsistido, por ejemplo, esa armonía entre vecinos y fuerzas de seguridad.
—El problema es que la reforma que nosotros completamos no tuvo continuidad.
—¿Por qué?
—No tuvo continuidad por un cambio político. Cuando Solá termina su gestión, asume Scioli y se deja de lado este postulado de reforma y estos principios generales. Entre ellos el de la participación comunitaria que estaba bien desarrollado. A partir de allí, lamentablemente, la experiencia queda trunca pero, sin embargo, hoy son las grandes líneas que, desde distintos ámbitos internacionales, se defienden a la hora de hablar de reformas policiales. Empezando por las Naciones Unidas. Así es que, creo yo, estas reformas que se vienen (lo he escuchado en estos días a Capitanich y me parece que está dando las líneas generales de lo que pueden ser las reformas futuras) estarían en una fuerte intervención de la comunidad en el tema de la seguridad. Esto deja de aislar a la Policía para, de alguna manera, poder integrarla.
—Qué experiencia la suya, Arslanián. Si no me equivoco usted tuvo que enfrentarse con la famosa “maldita policía”.
—Absolutamente. Yo fui convocado por Duhalde para buscar de qué modo se podía desmontar a esa “maldita policía” nada menos que en el contexto del crimen de Cabezas. Y de la imputación que se hacía a la Policía en el atentado contra la AMIA. Evidentemente se trataba de un desafío extraordinario pero la propuesta también fue audaz. Y digo “audaz” porque disolvimos a la vieja Policía, la intervinimos, la purgamos, echamos a cúpulas, expurgamos a la Fuerza en la medida en que las necesidades lo imponían. Creamos una nueva ley orgánica para la Policía. La descentralizamos. Privilegiamos la especialización y creamos una Policía para prevenir el delito, para que investigara, también en materia de comunicaciones. Y así, sucesivamente. Hicimos desaparecer aquel poder concentrado en la persona de un jefe y creamos un Ministerio de Seguridad para generar el espacio y los vehículos necesarios para que el gobierno, efectivamente, tuviera el control estratégico y la conducción política de esa Policía.
—Nunca pensó que iba a tener al “sheriff” Granados al frente de la Seguridad de la provincia de Buenos Aires.
—No. En realidad nosotros aspiramos a que esa conducción política quede en manos expertas. Esto es lo deseable. Cuando se trata de una conducción política también es necesario que esas políticas se encarnen en hombres calificados para el cargo.
—Daría la sensación que todo el conurbano está pasando por una crisis durísima. Fíjese en lo que ha pasado durante un cumpleaños en Malvinas Argentinas cuando matan de un balazo al papá de la chica en su fiesta de 15. Ahora, si vamos a la frialdad de los números, la gente que se juega la vida tiene que estar muy bien paga.
—A mí, de eso, no me cabe la menor duda. Y nosotros en la reforma le concedimos al recurso humano policial una consideración extraordinaria. En primer lugar, en su momento, mejoramos los salarios e hicimos una cosa muy importante de la que hoy, creo, todavía goza esta Policía de la provincia de Buenos Aires. Le explico: nosotros blanqueamos todos los rubros que integran el salario para que, al jubilarse un Policía, en vez de ponerse en el bolsillo el 25% de su último sueldo pueda, en cambio, ponerse en el bolsillo el sueldo que ganaba. Esta fue una gran conquista y un aliciente para la fuerza policial. Pero también, como le comentaba hace un momento, dimos mucha importancia a todo lo que fuera capacitación. En vez de ser una capacitación episódica y esporádica para ascender, por ejemplo, al cargo de Comisario establecimos el criterio de capacitación continua y creamos en cada jurisdicción (es decir Municipios) centros de entrenamiento y capacitación a los que debían concurrir permanentemente y rotar los policías para tener destreza en el tiro y en la práctica policial. Al mismo tiempo nosotros nos ocupamos de todo lo que tuviera que ver con los problemas de contingencia profesional, atención a la familia en caso de muerte o heridos policiales o de personas que quedaran inválidas a causa de desempeños policiales. Al mismo tiempo trajimos profesores de España: impartieron clases de manera regular y, en dos años, capacitaron a parte del personal. En suma, tratamos de darle una dinámica totalmente nueva y mejorar sustancialmente el recurso policial.
—Usted me decía que, al asumir Scioli, esto había quedado suspendido?
—Lo que ocurre es que nuestro tema de la seguridad democrática fue reemplazado más bien por el viejo vínculo de la política con la policía expresado de una manera, digamos, acuerdista con las cúpulas policiales y yo creo que, justamente, el problema policial se genera a partir de una falta de representatividad clave que tienen las cúpulas respecto de los subordinados. A propósito, una de las cosas que nosotros hicimos fue terminar con los suboficiales. Hicimos una unificación de los escalafones. El escalafón de suboficiales con el de oficiales. Hicimos un escalafón único porque hoy no tiene sentido esa división que no responde a ninguna funcionalidad porque no hay tareas que identifiquen funciones subalternas de funciones superiores. Aquel era el criterio que regía el doble escalafón. Lamentablemente, también esto se dejó de lado. Y es una verdadera pena porque implicó un sacrificio enorme de liberación, de capacitación. Hicimos, por ejemplo, que todos los que no tenían la secundaria (más del 60%) la tuvieran. Hicimos un convenio con la Dirección Provincial de Escuelas y todos tuvieron que ir a la escuela para terminar sus estudios secundarios. Inmediatamente fueron transformados en oficiales y adecuados los grados para que pudieran tener el aliciente de tener una carrera abierta. Dicho de otra manera: si era cabo, a partir de ahí, tenía la expectativa de poder llegar al grado final de Comisario General. También, otras de las cosas que tampoco se ponderaron adecuadamente y formaban parte de nuestra reforma, fue la importancia que tuvo el vínculo con la comunidad. Me refiero a la comunidad interesada en su propia seguridad alternando permanentemente (como derecho reconocido por la ley) con los Comisarios, los Jefes de las Seccionales policiales a quienes obligamos a sentarse en mesas de discusión y de trabajo junto al vecino. El mapa del delito que hacía el vecino (a quien entrenamos también en el ministerio) se cotejaba con el mapa, digamos, oficial que tenía la Policía para observar si presentaban coincidencias. Así, entonces, logramos evitar todos estos fenómenos de ocultamiento de información.
—Los hechos de Santa Fe en los que aparece el narco mezclado con las fuerzas de seguridad es muy grave. Al gobernador Bonfatti, que estaba viendo televisión con su señora, le tiraron a matar.
—Este es un hecho de una gravedad extraordinaria y muestra la necesidad de tener un control efectivo sobre los cuerpos policiales. Además, hay otras cuestiones: el orden interno policial, la averiguación o indagación de faltas graves sobre delitos que cometen policías no puede ser investigados por los propios policías. Nosotros, en la Reforma, creamos un cuerpo civil externo capacitado para investigar todas las actas y que, por cierto, no tenía ni la complacencia ni la connivencia que suelen tener los órganos de disciplina cuando son integrados por policías. Por ejemplo: ellos jamás consideraban el apremio ilegal y la tortura como un delito. Sino, simplemente por aquello de “bueno, hubo que apretarlos para que confesaran!”, lo justificaban De esta manera cortamos a la derecha institucional y después, con respecto a policías involucrados en delitos, sus defensores eran también policías pagados por el Estado. Abogados pertenecientes a la Policía que, valiéndose de su relación con los jueces hacían lobby frente a los magistrados para que éstos silenciaran la investigación y la llevaran a un punto muerto. Una corrupción fenomenal.
—¿Cómo cortaron esto?
— Se decidió que para policías que delinquen no hay más defensas pagadas por el Estado. Si el policía tiene (en un acto de servicio) algún hecho que merezca o justifique la defensa estatal se la dábamos pero debía solicitarla frente a un Comité que, en 48 horas, evaluaba si era un caso defendible o no. Entonces, en vez de defender a quienes delinquían, hicimos lo inverso: los constituimos como querellantes y estimulamos la persecución penal en el proceso para que no se durmiera y quedara en la nada. Esto fue muy importante. Luego, abrimos el área de Asuntos Internos a Organizaciones no gubernamentales que, interesadas en temas graves podían interesarse de lo que se estaba haciendo. Entonces yo creo que hoy hay una mirada totalmente distinta. Pero lo que le explico es la manera en la que nosotros podemos llegar a tener muy buenas fuerzas policiales. Es algo totalmente posible. Y si hoy no tenemos muy buenas fuerzas policiales ha sido por una histórica defección política en el modo de relacionar al Poder con la Policía.
—Lo que también resulta aterrador es que la edad de los delincuentes es cada vez menor. Qué piensa usted del tema de bajar la edad de la imputabilidad? ¿Sirve para algo?
— A primera vista serviría de muy poco en la medida en que todavía no tenemos resuelto qué hacer con los menores de 16 años, su tratamiento y dónde ponerlos. Ni siquiera tenemos todavía una Ley Penal Juvenil aprobada. Hasta ahora hemos creído que la única estrategia posible ha sido la utilización del sistema penal para contener los fenómenos de la violencia y del delito. Y con esto me refiero a las cárceles, la policía, los jueces. Hemos descuidado absolutamente todo lo que tuviera que ver con la prevención social. Entonces hay que ir a las causas de la violencia (que son múltiples) y operar sobre ellas. También tratar de contener socialmente estos fenómenos atendiendo las situaciones de conflicto que son muchas en todos los grandes conurbanos y debemos hacerlo con la intervención del Estado tendiendo a resolver los fenómenos de violencia.
—Usted habrá visto que, en el tema del narco, hemos pasado de ser un lugar de tránsito a constituirnos como un foco de producción.
—Efectivamente porque fue creciendo el consumo y, durante años, este aspecto de crecimiento del consumo en los jóvenes etc. no fue suficientemente tenido en consideración. Y fue así porque se pensó que solamente tenía sentido perseguir a las grandes bandas de narcotraficantes con investigaciones de 6 o 7 años de duración desentendiéndose acerca del consumo barrial, vecinal, que se expandía como una mancha de aceite en el agua. A esto nosotros, en cambio, le dimos una gran importancia considerando que la Policía debía contener este fenómeno y trabajar sobre los dealers (vendedores minoristas) que abastecían a las barriadas jóvenes. El crecimiento del consumo hizo atractiva la aparición de los carteles en Argentina porque, ante todo, el cartel necesita contar con un territorio propio de asentamiento y a quién venderle. Es muy raro que un cartel se asiente en un lugar donde no tenga garantizado un consumo local que abastecer. Cuando son eficazmente perseguidos en Colombia y relativamente perseguidos en Mexico vienen a la Argentina. Empezamos a ver esto a partir de 2008 cuando se activa, entre “carteles”, la guerra por los territorios. Comienzan con los laboratorios (los que fabrican droga sintética) y las “cocinas” comienzan a crecer. De pronto, entonces, tenemos una migración de los capos de los carteles de Colombia y de México hacia nuestro país y esto es lo que estamos viviendo hoy. Sin embargo, el tema es también controlable en la medida en que tengamos condiciones de acción muy concretas y una Agencia Federal importante dedicada a este asunto.
—Cómo sería entonces la situación actual?
—Me parece que hay una acción consistente porque vemos permanentemente acciones policiales y la cantidad de droga que se está secuestrando. La Policía Federal tiene suficiente capacitación. También la Policia de la Provincia de Buenos Aires. El tema de tráfico de droga es un delito de naturaleza federal que investigan jueces federales. En el país hay jueces federales en todas las provincias pero las delegaciones de la Policía Federal en cada una de las provincias no están dotadas ni capacitadas para la investigación de este tipo de delitos. Y esto hace que los delitos por tráfico de drogas en el interior de las provincias sean investigados por fuerzas policiales locales. Esto es muy malo, muy negativo. Lo que necesitamos es tener una Agencia Federal que esté presente en todo el país al servicio de la investigación junto a los Jueces Federales. Esto necesita de una reforma que, seguramente, Capitanich tiene en carpeta. En suma, creo que contamos con recursos humanos que debemos reorganizar; activar la estrategia en materia de droga y la radarización que se está llevando a cabo contribuye a la investigación pero, insisto, es necesario efectuar reformas para que personal altamente capacitado en la materia esté ubicado en cada una de las provincias al servicio de los jueces federales.
—Pero volviendo a su historia personal: ¿cómo se lanzó a crear el 911? Tomó la idea de otro país?
—Sí. Tomé dos cosas de los Estados Unidos. Concretamente de Nueva York. Cuando yo llegué al ministerio no había forma de que el vecino se comunicara con la comisaría. Por lo general (por el trabajo o lo que fuere) las comisarías no atendían el teléfono y se había generalizado la práctica de que cada policía brindara el numero de su celular particular al vecino como para que lo usara en caso de necesidad. Una manera de hacerle una gauchada. Lo que emprendimos entonces, en menos de un año, fue crear el 911 y generar una Central de Comunicaciones con expertos civiles (capacitados en neurolingüística entre otras cosas) Sobre este modelo me inspiré parte en España (en Madrid) y en un año la Provincia de Buenos Aires tuvo un 911 con una capacidad operativa a través de cuadrículas de concurrencia al llamado de socorro de 3 o 4 minutos. Creo que esto es digno de ser señalado como esfuerzo. Lo señalo como posibilidad de hacer muchas cosas que parecen imposibles y que, sin embargo, cuando nos empeñamos podemos realizar. También tomé como ejemplo el Computerize Statistic comúnmente llamado en EEUU el “Compstat” que es un medio de control sobre el funcionamiento de la Policía. Le explico: Se proyecta la estadística diaria y mensual sobre una gran pantalla frente al Jefe de la Seccional. Allí aparecen todos los delitos discriminados con la cuantía de esos delitos cometidos y se van analizando en su magnitud, importancia. Un mes después se vuelve sobre el particular. Se coteja la estadística con la producida con posterioridad y allí saltan las deficiencias, se dan explicaciones, se formulan observaciones. Esto ha permitido, en muchos casos, tomar decisiones depurativas respecto de policías que, sospechosamente, tenían cuantificada, por ejemplo, la cantidad de autos robados en su jurisdicción. Estos detalles importantes saltan a través del “Compstat”. Lo mismo ocurre con deficiencias serias de conducción que reflejaran incremento de delitos aún cuando se había impartido una directiva concreta para operar y bajarlos. También esto nos permitió ver policías ejemplares en cuanto a lo bien que habían podido controlar su jurisdicción con resultados apetecibles. También los vecinos celebraron estos métodos. Muchas veces les dábamos participación en las exhibiciones del “Compstat” y esto es simplemente tecnología al servicio de la seguridad