El Tribunal Oral Federal N°2 dará a conocer este martes 6 de diciembre las (probables) condenas a Cristina Kirchnery ex funcionarios clave de su gobierno en el marco del juicio por la obra pública conocido como Causa Vialidad. Se trata de un día clave a seis años y ocho meses de la presentación de la denuncia inicial a cargo del ex titular de Vialidad Nacional del macrismo, Javier Iguacel.
Trece acusados, más de un centenar de audiencias y testigos y doce jueces que intervinieron en el proceso desde la primera instancia hasta la Corte Suprema son sólo algunos de los números que pintan uno de los procesos judiciales más paradigmáticos de la historia política contemporánea. Nada menos que el primer juicio oral y público contra la líder del espacio oficialista y vicepresidenta, Cristina Kirchner.
El veredicto que darán a conocer en la tarde de este martes los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso llegará luego de que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieran condenar a la vicepresidenta a 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
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Ello tras haberla acusado a lo largo de nueve jornadas de haber sido la jefa de una asociación ilícita destinada a cometer delitos en perjuicio del Estado. "Nunca pensé que iba a estar tan mal acusada como fue en la Fiscalía. Fueron tres años en los que nada de lo que dijeron pudieron probarlo", dijo la principal acusada.
El 29 de abril de 2016 hacía pocos meses que el Gobierno de Mauricio Macri había llegado al poder. Javier Iguacel había sido designado al frente de Vialidad Nacional y ya vivía quizás su día más importante en la gestión: iba a denunciar a la presidenta saliente.
El funcionario denunció en ese entonces la existencia de presuntas irregularidades en el marco de obras públicas en Santa Cruz: desde el supuesto direccionamiento de las adjudicaciones en favor de las empresas de Lázaro Báez por sobrer otras firmas, hasta obras con sobreprecios y redeterminaciones millonarias, atrasos en los trabajos y pagos por adelantado.
El principal sostén de la denuncia fue el informe "Avance de Gestión Integral de Obras Ejecutadas en el 23 Distrito Santa Cruz", que describía las presuntas irregularidades a pesar de tener una conclusión que las defensas recordaron todo el tiempo durante el juicio: "No se evidencian deficiencias constructivas de relevancia (...)" y que "los desajustes de certificación de obra observados no se consideran relevantes en relación a la magnitud de las obras".
La denuncia quedó en manos del juez federal Julián Ercolini que le dio impulso y el 12 de septiembre de 2016 llamó a indagatoria a las personas imputadas, entre ellas la propia Cristina, los ex funcionarios Julio De Vido y José López y el empresario Báez.
Lo hizo al sostener un presunto esquema delictivo de cuatro pilares: "la inserción del amigo presidencial en la obra pública vial", "la exportación de una estructura provincial montada con gente de confianza a un nivel nacional", "la mayor concentración de obra pública en Santa Cruz" y el "direccionamiento de la adjudicación de obras y beneficios exclusivos a Lázaro Báez en detrimento de las arcas del Estado".
Una de las últimas audiencias del juicio.
La indagatoria de Cristina fue convocada para el 20 de octubre pero una semana antes presentó un escrito al juez donde pidió la nulidad del llamado a indagatoria. No tuvo éxito y el 31 de octubre de 2016 se presentó en los tribunales de Comodoro Py.
Procesamientos
Una máxima con la que se suele especular en el Poder Judicial es que después de los llamados a indagatoria casi seguro que se viene un procesamiento. En el caso de la Causa Vialidad el juez los dictó el 27 de diciembre de 2016 y alcanzó a la propia Cristina, a De Vido, López, Báez y a imputados que llegaron a juicio como Raúl Daruich y Mauricio Collareda, ex jefes del Distrito 23 de Vialidad Nacional; y Héctor Garro, Raúl Pavesi y Carlos Villafañe, ex titulares de la Administración General de Vialidad Provincial (AGVP).
Además de los procesamientos, Ercolini trabó embargos por 10 mil millones de pesos en casos como el de Cristina y De Vido. La Sala I de la Cámara Federal porteña, integrada entonces por los jueces Jorge Ballestero y Leopoldo Bruglia confirmaron el fallo el 14 de septiembre de 2017 mientras que el 2 de noviembre de ese mismo año llegó la ratificación de Casación con las firmas de Gustavo Hornos y Mariano Borinsky.
Con ese panorama, Ercolini definió el 2 de marzo de 2018 que la instrucción había terminado y que el caso se debía enviar a juicio. Al referirse a los imputados, consideró, por ejemplo, que Cristina "habría perjudicado los intereses confiados al violar su deber de administrar y cuidar fielmente los bienes del Estado nacional que estaban bajo la órbita de su responsabilidad".
En el caso de Báez, el magistrado le atribuyó haber participado del montaje "de la estructura societaria necesaria para hacer confluir en aquella los fondos del Estado nacional que fueron asignados a la obra pública vial durante el período citado".
2019: inicio del proceso oral
El 21 de mayo de 2019, la entonces senadora de Unidad Ciudadana llegó junto a sus abogados Carlos Beraldi a la Sala Amia de Comodoro Py para presenciar el inicio del juicio. Semanas atrás había quedado definido el Tribunal que lo llevaría y los 60 cuerpos de 200 hojas más las 150 cajas de documentación ya estaban a disposición para avanzar.
A lo largo del proceso, Cristina declaró tres veces: el 2/12/19 fue indagada, el 23/09/2022 expuso en defensa propia en el cierre del periodo de alegatos y el 29/11/2022 dio sus "ultimas palabras" antes del veredicto.
La indagatoria de Cristina Kirchner
En aquella primera exposición frente al Tribunal se quejó porque le rechazaron un planteo para transmitir la audiencia y señaló a los jueces como "el Tribunal del lawfare". Después centró sus tres horas y media de declaración en puntos como la persecución judicial que sufrió, el rechazo de sus planteos, la causa de la obra pública y negó que Néstor Kirchner haya asumido para cometer delitos. "Accedió de casualidad (...) Ni pintar el nombre sabían en las paredes de Buenos Aires, por favor, presenten cosas lógicas", afirmó con vehemencia.
Declaración de testigos: tras la indagatoria arrancó el periodo de declaración de los testigos. En la primera tanda lo hicieron diputados y diputadas opositores que habían radicado denuncias por la supuesta corrupción. Pasaron desde Juan Carlos Morán hasta Mariana Zuvic y Margarita Stolbizer.
Julián Ercolini, el juez que instruyó la causa.
Tiempo después -pandemia por medio- llegó el turno de empresarios de la construcción arrepentidos en la Causa Cuadernos, que en líneas generales sostuvieron que en Santa Cruz Báez tenía mejores posibilidades frente a las adjudicaciones porque era una empresa local y eso hacía que se redujeran los montos en sus ofertas.
Las rondas testimoniales siguieron con personal técnico y empleados de Vialidad hasta que volvieron a tomar notoriedad con la declaración de los ex jefes de Gabinete del kirchnerismo: pasaron por el juicio el presidente Alberto Fernández, el actual ministro de Economía Sergio Massa, el gobernador de Chaco Jorge Capitanich, el ministro de Seguridad Aníbal Fernández y el flamante asesor Juan Aval Medina.
La declaración de Javier Iguacel
El denunciante, en tanto, fue llamado el 15 de marzo de 2022. Ante el Tribunal ratificó su denuncia y aseguró que "lo de Austral y las empresas del grupo era hacerse de contratos, cobrar anticipos enormes, certificar un montón de trabajos y después hacer un poquito de obra para tapar la evidencia de que no se había hecho nada".
La Corte Suprema y un revés para Cristina Kirchner
En los inicios del 2022, todos los análisis sobre los fallos pendientes de la Corte Suprema incluían los planteos presentados por la defensa de Cristina Kirchner en el marco de la Causa Vialidad. Entre otras cosas, había presentado un recurso para que se declare al juicio como cosa juzgada, ya que en Santa Cruz la Justicia había investigado las obras adjudicadas a Báez.
Por otro lado, también había pedido que se haga un peritaje integral que permita ver cómo estaban las obras ya que el juicio se montó con estudios, cuestionados por la defensa, sobre solo 5 de las 51 obras que le adjudicaron al empresario.
Todo fue rechazado el 21 de junio pasado con votos de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
Con eso, el camino para el comienzo de los alegatos estaba despejado y el 11 de julio dio inicio el último periodo del juicio con un pedido de absolución a Cristina Kirchner por parte de la Unidad de Información Financiera (UIF). Los abogados del organismo anti lavado dijeron que no se probó el supuesto fraude y tampoco la existencia de la asociación ilícita.
Mola y Luiciani, los fiscales que pidieron condenar a Cristina a 12 años.
A mediados de 2022 llegó el turno de la Fiscalía y sus maratónicas audiencias: fueron nueve jornadas de entre 6 y 8 horas casa una, donde los fiscales Mola y Luciani denunciaron la "ficción de la competencia entre empresas para que Báez se quede con las obras", la supuesta falta de controles y que había habido una organización para cometer delitos.
El 22 de agosto pidieron las condenas: 12 años para Cristina Kirchner y 12 para Báez; 10 para De Vido y 10 para Lópéz. Las más bajas fueron para Garro (ex presidente de AGVP) y para Carlos Kirchner (ex funcionario de Planificación) con tres años en suspenso el primero y dos por administración fraudulenta el segundo.
Por medio de su abogado, el 8 de agosto de 2022 la vice presentó un planteo de recusación contra el juez Giménez Uriburu y el fiscal Luciani. Fue después de la publicación de un artículo periodístico en Página/12 que contaba que ambos eran parte de un club de fútbol llamado Liverpool y que habían jugado en la quinta Los Abrojos, de Mauricio Macri.
Pero no fue todo: a los pocos días recusó al juez Gorini tras conocerse que había mantenido dos reuniones con Patricia Bullrich cuando era ministra de Seguridad. La defensa pretendía con esos planteos apartar a los funcionarios involucrados, pero no lo logró porque todo fue rechazado.
Los alegatos defensivos
El alegato de Cristina comenzó el 19 de septiembre a cargo de Beraldi y Ary Llernovoy, quienes cuestionaron el informe de Vialidad que motivó la denuncia.
El defensor principal también sostuvo que Cristina fue juzgada dos veces por un mismo hecho (en relación a la causa en Santa Cruz), rechazó la teoría de la asignación discrecional de obras a la provincia sureña, desestimó la supuesta falta de control del Congreso en relación al Presupuesto donde estaban incorporadas las obras y dejó en claro que Cristina Kirchner y Lázaro Báez nunca se reunieron.
El 23 de septiembre, en tanto, cerró la ronda cuando la vicepresidenta alegó en defensa propia. Allí citó tres casos en los que a su criterio la acusación queda derribada con hechos, entre ellos la supuesta reunión que mantuvo con Báez, acusó de prevaricato a Luciani y Mola e insistió con que no se puede considerar a un Gobierno democrático como asociación ilícita.
Cristina y sus dos abogados: a la izquierda Llernovoy y a la derecha Beraldi.
Después de la acusación de los fiscales llegó el turno de las defensas. En el caso del Báez, estuvo a cargo del abogado Juan Villanueva y arrancó el 3 de octubre pasado. Mantuvo críticas a los dos peritos (uno de la Corte y otro de la Procuración Fiscal) que a su entender "forzaron los resultados (NdR: de las pericias en las 5 obras) para perjudicar a los acusados".
A lo largo de las audiencias el abogado también manifestó que los fiscales Mola y Luciani "inventaron una hipótesis sesgada", que la prueba "destroza su acusación fantasiosa" y desmintió que su defendido haya pasado de ser un monotributista al mayor contratista de obra pública con la llegada de Kirchner al poder.
"Arrancó como cajero en 1974 (...) y para 1991 era el gerente general del Banco de Santa Cruz. (...) Después de 26 años de carrera bancaria es nombrado director en una empresa de construcción. Más adelante, mal que le pese a la Fiscalía, Lázaro presentaba las ofertas más baratas y llegó a ser el primer empleador privado de Santa Cruz", dijo el defensor Juan Villanueva.
Después de los alegatos de todos los acusados, los fiscales tuvieron la oportunidad de replicar pero no contestaron lo dicho por la defensa de la vicepresidenta. "El alegato se sostiene por sí mismo. El Tribunal ya conoce los hechos y la prueba que se incorporó legalmente a este proceso", dijo Luciani.
Después comenzó el periodo de "últimas palabras" antes del veredicto: las audiencias fueron el 25 y el 29 de noviembre pasado. El primero en exponer fue Báez: valoró que su abogado "ha sido muy claro a lo largo de todo el proceso" y que gracias a ello "se expuso la verdad y la realidad". Hizo extensiva su valoración al resto de las defensas.
De Vido, en tanto, dijo que "es la tercera vez que para imputarme utilizan informes mediáticos y marketineros" y afirmó: "No hubo direccionamiento de la Obra Pública. Todas y cada una de las obras se definieron y planificaron en el marco del consejo federal de planificación, integrado por todas y cada una de las provincias, cubriendo las asimetrías del país".
Por último, el 29 de noviembre, Cristina expuso media hora ante el Tribunal al que calificó como un "pelotón de fusilamiento" y afirmó que "nunca pensé que iba a estar tan mal acusada como fue en la Fiscalía. Fueron tres años en los que nada de lo que dijeron pudieron probarlo".
A su vez, anunció la publicación de una nota con las 20 mentiras sobre la causa. Ahí, entre otras cosas, desmintió la supuesta asignación arbitraria de fondos para obras en Santa Cruz, el presunto aumento ilegal de las partidas correspondientes a las obras adjudicadas a Báez e indicó que las obras fueron "deliberadamente abandonadas durante el gobierno de Mauricio Macri, lo cual generó el verdadero perjuicio para el Estado".
Así las cosas, hoy por la tarde se leerá el veredicto.
