El juez federal Ariel Lijo ordenó la declaración indagatoria del ministro Oscar Aguad por haber realizado un acuerdo “abusivo” con Correo Argentino SA, la empresa de la familia de Mauricio Macri, en junio de 2016. El Presidente también está imputado en la causa penal pero hasta ahora la máxima autoridad del Gobierno comprometida por el caso es Aguad, que entonces se desempeñaba como ministro de Comunicaciones y actualmente encabeza la cartera de Defensa.
Aguad deberá presentarse a explicar el 28 de febrero por qué autorizó un acuerdo perjudicial para el patrimonio del Estado y beneficioso únicamente para la compañía de los Macri, informaron fuentes judiciales a PERFIL. El magistrado también citó al subsecretario Juan Manuel Mocoroa (para el 26 de febrero), "brazo ejecutor de Aguad", y quien actualmente cumple funciones en el Ministerio de Defensa como subsecretario legal y de Articulación Institucional.
Además, deberán declarar como “partícipes necesarios” el presidente de Correo Argentino SA, Jaime Cibils Robirosa; y el abogado de la compañía, Jaime Kleidermacher el 19 y 21 de febrero, respectivamente. Los dos últimos son hombres de estrecha confianza de la familia presidencial. Lijo fijó las indagatorias 24 horas después de que el fiscal Gerardo Pollicita solicitara que los cuatro imputados sean citados por el caso.
Tanto Lijo como el fiscal deben avanzar el próximo año no solo con las indagatorias sino en la investigación de al menos tres ejes pendientes: qué rol cumplió realmente el presidente Macri en el acuerdo entre el Gobierno y la empresa de su familia; si la Oficina Anticorrupción, a cargo de Laura Alonso, incurrió en irregularidades al emitir un dictamen avalando todo lo actuado por Aguad y Mocoroa; y el accionar de las juezas que intervienen en el caso en la Justicia comercial.
El fiscal Pollicita escribió que Aguad podría haber instruido a su subalterno Mocoroa para que rechazara el acuerdo y solicitara la quiebra de Correo Argentino SA
Además, la vicepresidenta, Gabriela Michetti; el jefe de Gabinete, Marcos Peña; y el procurador de Tesoro, Bernardo Saravia Frías, también dieron por clausurado un expediente interno sobre el rol de los funcionarios públicos en el caso. Su cierre fue apelado por el fiscal Sergio Rodríguez, titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).
Quebrar a la familia. Pollicita sostuvo el jueves que estas cuatro indagatorias se basan en una primera etapa de la causa penal y que no abarca la totalidad del caso, pero no hizo mención a Macri. “La investigación continúa en torno a las restantes irregularidades denunciadas”, aseguró. Los investigadores del caso sostienen que las declaraciones de Aguad, Mocoroa y los representantes de la familia Macri podrían desencadenar nuevas citaciones a indagatoria tanto en el ámbito del Estado como en el núcleo de la empresa Sideco, que controla a Correo Argentino SA.
Sideco es la nave insignia del grupo Macri y es comandada por Gianfranco, hermano del Presidente. Los cuatro hijos mayores del mandatario son titulares de las acciones de su padre en la firma.
Al menos por ahora, un posible avance de la investigación sobre los Macri en la cadena de responsabilidades dependerá de lo que suceda en febrero, según fuentes judiciales. El eje de las citaciones será, en parte, quiénes dieron la orden –o quién se hace cargo de haber dado la orden– de firmar un acuerdo que pretendía garantizar una quita del 98,87% a la deuda de Correo Argentina SA con el Estado.
El jueves, cuando Pollicita describió la “maniobra ilegítima” que imputó a Aguad, Mocoroa, Cibils Robirosa y Kleidermacher, el fiscal escribió que Aguad podría haber instruido a su subalterno Mocoroa para que rechazara el acuerdo y solicitara la quiebra de Correo Argentino SA. “Ello hubiese colocado al Estado Nacional en posición de evaluar primero y solicitar después la ‘extensión de la quiebra’ a las empresas controlantes de Correo”, es decir, básicamente, a Sideco.
La salida a las negociaciones entre el gobierno de Macri y su familia implicaba sacrificar el patrimonio de la misma. Lejos de eso, el 28 de junio de 2016, los funcionarios de Macri pactaron un acuerdo que el fiscal calificó como "abusivo" y "perjudicial para la administración pública", utilizando las mismas palabras a las que había recurrido la fiscal general Gabriela Boquin cuando frenó el acuerdo en la Justicia comercial en febrero de 2017.
Los funcionarios de Macri debían garantizar los intereses del patrimonio público pero terminaron firmando un pacto por el que el Estado dejaría de percibir más de $ 4.656 millones en intereses por esa deuda, a febrero de 2017, de acuerdo con el cálculo realizado por la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración General de la Nación.
