La vuelta a la actividad en algunas provincias después del aislamiento social pero sin que se hayan retomado las clases pone sobre la mesa la necesidad de definir políticas de cuidado a nivel estatal pero también en las empresas, según coincidieron representantes del Gobierno y del sector privado esta semana.
En una reunión con un centenar de empresarias y representantes de organizaciones, las ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, reconoció que la pandemia corrió de eje la agenda de cuidado.
Una de las primeras medidas de la cuarentena fue la licencia de cuidado para el sector público. Una vez que se suspendieron las clases, se habilitó a madres y padres a tomarse licencia para cuidar a sus hijos –uno de los dos en el caso de las familias donde los dos se desempeñan en el Estado–.
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“En la pandemia estuvimos atendiendo la urgencia, el cuidado para las personas con discapacidad, los permisos para los padres no convivientes”, recordó Gómez Alcorta, que estuvo acompañada por la secretaria de Igualdad y Diversidad, Cecilia Merchán, y la subsecretaria de Igualdad, Pilar Escalante, en una conferencia web organizada por el Grupo de Fundaciones y Empresas (GDFE) y Fundación AVON.
“El Estado solo no puede llevar adelante los cambios. Vamos a un esquema de corresponsabilidad en el cuidado, no solo de género sino también entre el Estado, empresas privadas y familias”, remarcó Gómez Alcorta, que anticipó que “puede haber incentivos fiscales para las empresas igualitarias y las que mejoran licencias”.
“¿Qué pasa si las mujeres pueden volver a trabajar pero los chicos todavía no pueden ir a la escuela?”, planteó Merchán, que remarcó que “el trabajo remoto ha recargado las espaldas de las mujeres”.
En el escenario actual, según Escalante, el trabajo debería incluir “lugares de cuidado y espacios comunitarios de las empresas, con todos los controles de salud y acciones en cuanto a horarios: horarios específicos de trabajo y el derecho a desconectarse”.
“Esta situación de conexión constante no nos permite poner límites a cuándo trabajamos y cuándo no. Que las reuniones tengan en cuenta la situación de los trabajadores. El momento cero es relevar la situación de todos los trabajadores de la posibilidad de compartir los cuidados y ordenar un trabajo por objetivos más que por horarios. Poder dejar en claro cuáles son los horarios de trabajo y cuáles no”, señaló a la hora de ordenar el trabajo a distancia.
Desde el sector privado, la directora ejecutiva de Fundación AVON, Florencia Yanuzzio, consideró que hay que “facilitar espacios reales de colaboración entre organizaciones y colegas. Generar cambios culturales en organizaciones es un desafío que no es preciso asumir solos y en secreto” e instó a compartir experiencias entre empresas y con el sector estatal. “La articulación Público-Privada es central como herramienta”, coincidió Javier García Moritán, director ejecutivo del GDFE.
Licencias. Una de las señales de la legislación laboral que va en contra del reparto igualitario del cuidado de hijos o adultos mayores en las familias surge de las licencias familiares. En el caso de las de nacimiento, a los varones solo les corresponden dos días de corrido. Consultada sobre las reformas, Gómez Alcorta consideró que “la legislación primero debe empezar por el Estado”.
Desde las empresas plantearon que muchas de ellas ya se anticiparon y ampliaron los permisos por nacimiento o adopción por arriba de lo que marca la ley para mujeres y varones. En ese marco, Escalante recordó: “Cuando las mujeres tomamos más licencias, perdemos oportunidades de trabajo”. Por eso consideró que no alcanza solo con ampliar los plazos sino que hay que “promover que los varones que trabajan en las empresas sean los que también tomen las licencias y las tareas de cuidado”.
Merchán también planteó que el coronavirus expuso las inequidades. “Las poblaciones travesti y trans que han quedado totalmente marginadas del mercado laboral solamente por cuestiones de género”, explicó la funcionaria.
