Horacio Pietragalla afirma que, al momento, se han pagado aproximadamente 22 mil indemnizaciones a víctimas de la dictadura, pero asegura que, fuera de algún mínimo error que pueda haber, “no se le paga a nadie que no corresponda”. “No es que se paga al tun tun, hay que presentar documentación, por eso es que se dilata en el tiempo y hasta el día de hoy se siguen llevando adelante reparaciones”, aseguró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).
Horacio Pietragalla fue secretario de Derechos Humanos durante el gobierno de Alberto Fernández, de diciembre de 2019 a diciembre de 2023. De bebé fue apropiado por la dictadura y luego restituido por las Abuelas de Plaza de Mayo, convirtiéndose en el nieto recuperado número 75. A principios de diciembre fue nombrado presidente del Archivo Nacional de la Memoria. Entre 2017 y 2019 fue diputado nacional.
Primero quisiera hacerle una pregunta relacionada con notas que venimos haciendo hace días. Primero entrevistamos a Luis Labraña, este ex guerrillero que dice que la cifra de 30 mil desaparecidos derivó en el pago de 22 mil indemnizaciones a personas que no eran verdaderas víctimas de la dictadura, lo que nos pareció totalmente exagerado. Luego entrevistamos a José D’Angelo, autor del libro "La estafa con los desaparecidos", donde se argumenta esto. Él decía que no podía conseguir el listado de las personas que recibieron subsidios por haber sido víctimas de la última dictadura. Quisiéramos consultarlo a usted que, al haber pasado 4 años al frente de esa área, debe tener el listado de las personas que recibieron subsidios por ser víctimas de la dictadura, y tratar de desarmar el argumento de que el número de 30 mil perseguía un objetivo económico para cobrar de más.
Es una locura que en plena dictadura militar o pos dictadura militar, imaginar que la mayor parte de las víctimas estén pensando en un resarcimiento económico. El número de 30 mil se construyó en plena dictadura, debido a la falta de información y respuesta por parte del Estado.
Ese 30 mil no lo inventó nadie, se fue construyendo a partir de denuncias que iban llegando a los distintos organismos e información que iba llegando desde el exterior, pero nadie dijo “son 30 mil”. Se fue construyendo ese número a partir del listado que iban construyendo y la no respuesta que daba el Estado. Los 30 mil es un número que en dictadura ya se empezó a utilizar.
Incluso hay testimonios de Videla hablando de 20 mil. Mi pregunta no es por si eran 30 mil sino por algo que sí podemos comprobar, que es cuántos subsidios a víctimas de la dictadura se pagaron, que debe estar registrado con nombre y apellido.
Sí, obvio. Es de acceso público, uno puede pedirlo a la Secretaría de Derechos Humanos, por el acceso público a la información. Es una información pública porque no hay nada de ocultar.
Argentina lleva adelante las leyes reparatorias porque iba a ser condenada por un organismo internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Las lleva adelante Carlos Saúl Menem que, ante los miles de juicios que tenía por los damnificados a principios y mediados de los 90, tiene que llevar adelante esa reparación. Esta ecuación claramente favorecía al Estado, porque cada individuo que acepta la reparación no puede hacerle juicio al Estado. Miles de personas haciendo juicio al Estado es engorroso.
Inclusive este hombre, José D’Angelo, el autor del libro que se cita en el video del Gobierno, no discute que las víctimas de la dictadura reciban un subsidio o una compensación del Estado. Lo que dicen es que hubo un negocio en generar personas que no fueron víctimas de la dictadura. ¿Por qué no vamos al punto central? ¿Cuántas son las personas que cobraron compensaciones?
Es una locura. Mirá, no tengo el número preciso, sinceramente no me acuerdo, porque todo el tiempo sacaron.
¿Pero en una dimensión de cuánto?
Fácil, por arriba de 25 mil reparaciones. La Justicia argentina tuvo un fallo hace poco que tuvo un ida y vuelta con Germán Garavano, que era ministro de Justicia en ese momento, por presentaciones y juicios que le empezaron a hacer al Estado. Ese juicio obligó al Estado argentino a pagar reparaciones económicas por el exilio, pero no hay una ley de exilio.
¿Cuántos de esos 25 mil son por exilio y cuántos por desaparecidos?
Mirá, si sabía que íbamos a hablar detalladamente de las leyes, buscaba información. Ahora no la tengo en la cabeza. Imaginate que el área de la Secretaría en la que nosotros trabajamos era mucha, pero nosotros metimos mucho énfasis en las reparaciones, porque venían con un retraso histórico y se iban muriendo muchas personas que iban presentando expedientes y nunca les salía la ley, porque en el gobierno de Macri hubo un parate para no reparar casi nada.
En nuestra gestión, y a mí me da orgullo, por más que algunos lo usen como chicana o denuncien, que hayamos aceitado los trámites administrativos, con mucho cuidado y mucha atención, porque estoy poniendo mi firma y eso me compromete, entonces no es que pagamos a cualquiera.
Es más, nuestra gestión desbarató una banda que se hacía pasar por familiares de desaparecidos, los denunciamos penalmente, fuimos querellantes, y es lo que está saliendo hoy en los medios. Hay una elevación a juicio por fraude al Estado, hoy están procesados. Una personas que se hacía pasar por hijo y abogado, contactaba familiares de desaparecidos que tenían trámites atrasados, y con la excusa de acelerar los trámites le pedían un porcentaje. Esa banda la descubrimos nosotros y la denunció nuestra gestión. Hasta falsificaban sellos de los distintos ministerios, un fraude total.
Podrá haber un caso de error, pero no se le paga a nadie que no corresponda. Todavía me cruzo gente que me dice “no pude sacar la ley en tu gestión”, y era porque le faltaba algún requisito. Si una persona estaba exiliada tenía que presentar los pasaportes, certificado de refugiado, etc. No es que se paga al tun tun, hay que presentar documentación, por eso es que se dilata en el tiempo y hasta el día de hoy se siguen llevando adelante reparaciones.
Recuerdo que a Nacha Guevara le pagaron el año pasado…
Sí, porque habrá sido exiliada. Hubo un fallo durante el gobierno de Mauricio Macri que obligó a pagar el exilio de igual manera que la detención. Fue la Justicia, no el kirchnerismo. Garavano sacó un cálculo, y la justicia le dijo no, tiene que ser este monto.
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Queremos ser precisos. Nos gustaría luego que podamos conseguir la información de exactamente cuántas personas recibieron compensaciones por haber tenido un familiar desaparecido que no apareció, cuántas por haber sido desaparecidos, y cuantas por haber tenido que exiliarse. Nos gustaría que ayude a nuestra producción a conseguir esa información…
Las personas que estuvieron presas en centros clandestinos de detención y fueron liberados cobran por la ley de presos políticos, no por desaparición. Son leyes distintas. Es más, ahora, con el tema de los exiliados, seguramente supere los 30 mil.
La idea que buscamos desbaratar con este detalle es que se creó el número 30 mil para estafar al Estado cobrando por esas personas…
Es una locura eso. Nosotros tenemos un registro en la secretaría que es el universo de víctimas. Con las investigaciones, los hijos apropiados, los hijos que murieron, las personas detenidas y liberadas. Sin contar los exilios, nuestro número de universo de víctimas da 27 mil.
Al día de hoy hay casi 17 mil expedientes en trámite. Entonces, el universo creció mucho a partir de que la Justicia ordenara pagar al exiliado. Pero el universo que se pagó hasta el momento debe rondar los 21, 22 mil. Hay que pedir la información por el acceso a la información, es información pública que se tiene que dar y no hay nada que esconder.
Lo que pasa es que siempre fue un tabú, y ellos utilizan esto en un momento de crisis económica, porque cualquier persona que esté pasando un mal momento económico va a decir: “siguen con esto y encima les pagan”. Y bueno, son obligaciones que el Estado argentino asumió ante organismos internacionales para no ser sancionado.
No creo que las actuales autoridades tengan deseo de brindarnos esos datos, pero vos estuviste hasta hace tres meses en la Secretaría. Si vos luego, no ahora, nos facilitaras los datos, sacando el exilio, de las personas víctimas estando en Argentina, podríamos saber cómo se componen esos 22 mil para llegar al cálculo de que no es que no haya 30 mil desaparecidos para cobrar indemnizaciones, sino que esas indemnizaciones corresponden a los desaparecidos que tenemos registrados. Me parece que es fundamental cubrir ese aujero de información.
La denuncia de Patricia Bullrich
Me gustaría hacerte una pregunta de actualidad. Patricia Bullrich te acaba de denunciar por traición a la Patria e incumplimiento de los deberes de funcionario público, debido a que vos la presentaste como culpable de la muerte de Santiago Maldonado. Contanos un poco tu visión…
Tenemos un área en la Secretaría de Derechos Humanos de asuntos jurídicos internacionales.Cuando un peticionario no tiene respuesta en el Estado Argentino, se acude a los organismos internacionales. Nosotros trabajamos con un montón de causas. En el caso Maldonado se acudió a organismos internacionales y nos hicieron una presentación al Estado Argentino pidiendo información. Lo que hizo la Secretaría fue basarse en un informe que había llevado adelante la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, donde se habían señalado todas las irregularidades y la ilegalidad del operativo en el que perdió la vida Santiago Maldonado.
Hay que aclarar que en la misma denuncia Patricia Bullrich miente, porque nunca hablé de desaparición forzada. La causa está abierta y yo no soy nadie para decir el motivo de la muerte de Santiago Maldonado. Es más, hay pericias. Todos sabemos lo que pasó a partir de que apareció el cuerpo. Lo que nosotros sí transmitimos en este informe es todo lo que el Estado hizo mal a partir de una denuncia de desaparición forzada.
Hay protocolos que hay que aplicar, que son protocolos internacionales, cuando hay una denuncia de desaparición forzada. Estos protocolos no se aplicaron como se tendrían que haber aplicado. El Poder Judicial no estuvo a la altura de las circunstancias para contener a la familia, que en vez de enterarse de las novedades de la causa por la Justicia se enteraba por el diario La Nación. Dejamos todo esto explícito. El Poder Ejecutivo estigmatizó a Santiago y a su familia. Decían que estaba en Chile, etc. Todo este mal accionar lo vimos. Lo que reconocimos fue en qué aplicó el Estado. No aplicó los protocolos que corresponden, el Poder Judicial estuvo alejado de las víctimas, no hubo contención, el Presidente decía que había dado el pésame a la mamá, y la mamá nunca recibió una llamada del Presidente.
¿Por qué se marca todo esto? Porque la idea es no repetirlo. Que cuando haya un caso similar el Estado actúe en consecuencia. Cada causa que lleva un organismo internacional nos da herramientas para cambiar legislaciones, modalidades del Poder Judicial, de los ejecutivos provinciales, etc. Es una herramienta que se usa para poder llevar adelante una política de no repetición.
Lo que hizo Patricia Bullrich tiene que ver con tratar de deslegitimar a los organismos de Derechos Humanos a partir de una marcha que fue multitudinaria saliendo al otro día con esta denuncia, que me parece un disparate. Pero más allá de eso, te puedo asegurar que estoy muy tranquilo, porque trabajamos muy profesionalmente.
FM
