Ya desde antes de las nueve de la mañana, hora de inicio de la sesión de control del Gobierno encabezado por el socialista Pedro Sánchez, todos los programas de radio y televisión estaban consagrados a lo que sucedería en el hemiciclo de la Cámara de Diputados. Los periodistas subrayaban el ambiente hostil que domina a la política española. Desde el retorno de la democracia, tras la muerte de Franco, no faltaron conflictos políticos: estuvo ETA asesinando; estuvo el intento de golpe de Estado del 23 F; también estuvo el encono entre Felipe González y José María Aznar. Este último punto vuelve a repetirse pero con otros protagonistas, y quizás con más virulencia: Pedro Sánchez y su socio de gobierno el líder de Unidas Podemos Pablo Iglesias, reciben todo tipo de descalificaciones desde las bancadas de la Derecha. Ellos, si bien con otras formas, devuelven los golpes. Las hostilidades son el común denominador.
“Se escucha “¡Dictador!” desde la bancada del PP -Partido Popular- justo cuando va a empezar a hablar Sánchez. ¡Ya está bien de insultos!” gritan desde el PSOE -Partido Socialista Obrero Español-. El líder socialista acusa al Partido Popular de anti-sistema”. Así describe Carlos Cué, periodista de El País, el ambiente de la política española tras la sesión de control.
Tanto puño en alto, y algunas manos con ganas de mostrar la palma, obedece a muchos factores que llevaron al PP y a sus socios ideológicos a una oposición tan virulenta como nunca antes se vio en la política española moderna. Detrás de tanta crispación hay una historia, que se remonta al 1 de junio de 2008, día en que Mariano Rajoy abandonó La Moncloa por la puerta de atrás, y cuyo presente está escenificado por una grieta tan profunda como irreconciliable. Empecemos desde el principio.
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El PP aún sigue sin digerir la moción de censura -encabezada por los socialistas- que los echó del poder, situación agravada por las derrotas electorales que le siguieron. A su vez, tanto Pablo Iglesias como su partido, generan un fuerte rechazo fuera de sus votantes. El otro ingrediente de este cóctel, ya de por sí fuerte, lo pone la irrupción de la extrema derecha, que bajo las siglas Vox, compite con los populares por el voto conservador empujándolos hacia posiciones radicalizadas. En eso estaban las formaciones políticas españolas cuando irrumpió la pandemia, dejando miles de muertos y las falencias del sistema de prevención español al descubierto. Para colmo, el rey emérito Juan Carlos I, símbolo de la Transición, de la picaresca y galantería españolas, acuciado por sus problemas con la Justicia suiza, no tuvo mejor idea que hacer las valijas e irse en silencio, sin ni siquiera despedirse. O lo que es lo mismo, despidiéndose a la francesa.
Con el pasado jugando sus cartas envenenadas, y la oposición buscando deslegitimizar la actuación del Gobierno en todos los niveles, aunque centrándose en su lucha contra la pandemia, el pase de facturas no se hizo esperar. Las balas políticas hicieron mella en las paredes de las instituciones.
Pablo Casado, alentado por el ala más derechista de su partido, eligió como escenario a la Comunidad de Madrid para desde allí desplegar una oposición feroz a la Administración Sánchez. Su dedo señaló a una oscura política cuyo antecedente más destacado era el de ex community manager de “Pecas”, la perrita de la otrora líder del PP madrileño, Esperanza Aguirre. Así, y tras la sorpresa de las últimas elecciones, Isabel Díaz Ayuso depositó su humanidad en el principal despacho de la antigua Casa de Correos, sede de la presidencia de la Comunidad de Madrid.
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La gran apuesta de Casado mutó a la peor posible. Y no sólo por los datos que día a día reflejan la incompetencia de Ayuso, sino por sus continuas opiniones desafortunadas, alimento día sí y otro también para los humoristas políticos de la villa. Ahora se añade, para sorpresa de propios y extraños, la entidad política, que a pesar del pésimo balance de su gestión, está tomando debido a la fortísima oposición que está llevando a cabo contra el Gobierno nacional. Sánchez, un verdadero killer, según lo describió en conversación privada un referente socialista, escenificó unas semanas atrás una tregua con banderas incluidas, y esperó paciente antes de apretar el gatillo. La oportunidad le llegó con el descontrol de la pandemia en Madrid, y sin titubear – y seguramente con enorme gusto– decretó el estado de alarma en Madrid.
Pero, ¿es éste el único homenaje que piensa darse el socialista? Hay quien afirma –con la voz muy baja, casi murmurando, por aquello que las paredes escuchan– dentro del PSOE, que estaría en marcha una operación al más alto nivel con Ciudadanos, que consistiría en el retiro de esta formación política del gobierno de coalición del que forma parte con el PP y provocar, de esta manera, la caída de Ayuso. En última instancia, repetir la “operación andaluza” cuando Ciudadanos rompió su pacto con la lideresa socialista Susana Díaz y la obligó a convocar elecciones anticipadas, las cuales perdió a favor de la alianza PP, Ciudadanos y Vox.
Paso seguido, y con la pistola aún humeando, el líder socialista que habla bien pero pega mejor, le apuntó a uno de los tres grandes pilares –los otros son las grandes empresas y la Iglesia– que sostienen el poder de la formación conservadora: la Justicia.
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Veamos. Como la alegría no es sólo brasilera, como diría Charly García, la politización de la Justica no es sólo argentina. También en España los jueces les deben a los políticos el empleo. La elección de los magistrados se lleva a cabo a través del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyos vocales son elegidos mayoritariamente por los dos grandes partidos cada cinco años. La última renovación se hizo bajo la mayoría absoluta de Mariano Rajoy, hecho que les facilitó a los conservadores ocupar la mayoría del CGPJ y con ello el control de las principales Salas, sobre todo la Segunda en lo Penal que es la encargada de juzgar los delitos de corrupción. Se entiende entonces que acorralado como está el PP por el hedor de muchos de sus actos, el principal partido de la oposición se niega, desde hace poco más de dos años, a renovar el órgano de los jueces; quienes, a su vez, continúan los nombramientos de magistrados, algunos de ellos vitalicios, a pesar de tener sus mandatos vencidos.
Lo cierto es que cuando al comienzo de la segunda legislatura de Rajoy comenzaron a salir a la luz los más graves actos de corrupción del PP -el Tribunal Supremo acaba de confirmar que el Partido Popular se benefició de la corrupción de la trama Gürtel y ratifica la condena como responsable civil “a título lucrativo” que la Audiencia Nacional le impuso en mayo de 2018- no solamente se produjo la renovación del CGPJ con sus vocales cuidadosamente seleccionados, sino que se modificó la normativa sobre la organización interna del órgano, produciéndose una concentración de poder extraordinario en el Presidente del órgano (Carlos Lesmes), quien no por casualidad había sido Director General de Justicia con José María Aznar, como recuerda el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, Javier Pérez Royo.
Más aún, los jueces surgidos de esa última renovación todavía no pudieron identificar quien es el enigmático personaje que aparece en los “Papeles de Bárcenas” - el ex tesorero del partido hoy en prisión- bajo las siglas M. Rajoy, y que supuestamente se benefició de pagos en negro.
Que el PP tiene enorme influencia sobre los jueces era cosa sabida, pero que una dirigente lo diga con todas las palabras no deja ser, como mínimo, llamativo. Nos referimos a Ayuso, quien en una entrevista declaró que “su misión histórica es parar al gobierno español, junto a la justicia y el rey”. Haciendo gala de su enorme habilidad, le bastó una frase para deslegitimar la neutralidad de la Justicia y de la Corona, además de avisar a los votantes quien está haciendo oposición al Gobierno.
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Así las cosas, y con el fin de romper el bloqueo del PP a la renovación del CGPJ, Sánchez pegó otro golpe en la mesa, y se plantea llevar a cabo una reforma legal que permita elegir un Consejo nuevo sin el concurso del PP. La fórmula que está manejando alcanzaría para la renovación una mayoría absoluta del Congreso y no el apoyo de la 3/5 partes como hasta ahora. Una jugada de muchísimo riesgo, incluso si sale victoriosa, porque abriría las puertas de las principales Salas a partidos radicales si logran buenos resultados en futuras elecciones. La amenaza alcanza al propio sistema y no se limita a romper el blindaje impuesto por los conservadores. Ahora sólo queda por ver si Casado redobla la apuesta o cede a la renovación del CGPJ. Las primeras cartas ya las dio vuelta: que Sánchez no presente la reforma y que rompa su coalición con Unidas Podemos. Un precio demasiado alto que el killer difícilmente esté dispuesto a pagar.
Como telón de fondo los banderazos organizados por Vox y no repudiados por el PP. La negociación por los fondos europeos de reconstrucción que alcanzan 144.000 millones de euros, y que la oposición no hace otra cosa que poner palos en la rueda para hacerla aún más difícil.
Hay más. Según el FMI el próximo año la economía española se retraerá 12,8%, la peor caída dentro de las grandes economías de la eurozona. Y la pandemia que empeora día a día con el consiguiente agotamiento de las compañías españolas que ven cómo sus limitadas posibilidades de negociación de préstamos se contraen aún más, ya que el 90% del tejido empresarial tiene cinco o menos empleados.
El país está al borde del abismo. En Alemania ya hay quien habla de España como un Estado fallido. Los caminos a seguir no son muchos. Sánchez y Casado deberán aparcar su encono personal y sentarse a dialogar. O dar el fatídico paso adelante.
