Con la firma de un decreto del presidente Mauricio Macri, esta semana se concretaría el traslado del camarista Eduardo Farah al Tribunal Oral en lo Penal Económico. El magistrado, una de las últimas "víctimas judiciales" de Cambiemos, pidió ese cambio tras la polémica que despertó el fallo que liberó a Cristóbal López y Fabián De Sousa, luego vueltos a presión. El pase fue pedido por Farah hace dos semanas y aprobado por la mayoría oficialista en el último Plenario del Consejo de la Magistratura.
Ese mismo día, el organismo elevó el tema al Ejecutivo, desde donde ahora saldrá con la firma del jefe de Estado. En su pedido al Consejo, Farah también dejó abierta la posibilidad de irse más adelante a la Cámara de San Martín, donde en poco tiempo se abrirá una vacante. El pedido de Farah sorprendió tanto en Comodoro Py, donde ocupa su vocalía desde hace una década, como en el Consejo y el Ejecutivo.
La firma presidencial se concretaría en el transcurso de esta semana, con lo cual el traspaso se haría efectivo de inmediato, según adelantaron fuentes del oficialismo a PERFIL.
Farah quedó en marzo pasado en el medio de la polémica, junto a su par Jorge Ballestero, tras decidir el cambio de carátula y excarcelación de López y su socio Fabián De Sousa. Tras el fallo, ambos magistrados quedaron bajo la lupa del Ejecutivo y comenzaron a ser investigados en el Consejo de la Magistratura. Por un lado, fueron denunciados por la legisladora Elisa Carrió, y por otro fueron apuntados por la Corte Suprema de Justicia.
En su escrito, los cinco miembros del máximo tribunal pidieron explicaciones respecto de la forma en que se decidió la intervención de Farah, miembro de la Sala II de la Cámara, en el caso de López, que estaba radicado en la I. Sobre ese punto, Ballestero presentó una explicación ante el organismo, que luego amplió en dos oportunidades.
La investigación —que se inició tras la presentación de Carrió ya está en marcha— apunta a Farah por sus presuntos vínculos con un abogado cercano a López y a Ballestero por su presunto enriquecimiento.
A eso se sumó la presión que ejercieron desde el Ejecutivo, que apuntó públicamente sobre el malestar que generó la decisión. La voluntad del oficialismo también se hizo palpable en el Consejo, con el objetivo de remover a Ballestero. Desde el comienzo deslizaron que buscarían su salida y mandaron un emisario a hablar con él. La última semana, cuando ya se conocía el pedido de traslado de Farah, Ballestero pidió licencia por 20 días, en lo que se anticipa como un prólogo de su salida.
