Rodolfo Aguiar: "El 70% de los estatales tienen sueldos por debajo de la pobreza"
El Secretario General de ATE anticipó que la semana próxima habrá una medida de fuerza nacional en contra del ajuste y un aumento salarial paupérrimo: "Hay muchos organismos públicos que no podrán seguir funcionando más allá de junio", alertó.
Rodolfo Aguiar |
TÉLAM
El sindicalista Rodolfo Aguiar denunció que hay una campaña de desprestigio y estigmatización hacia el empleo público y los trabajadores estatales: "Quieren sacar al Estado porque quieren un gobierno de corporaciones". Además, se refirió a la no renovación de diversos contratos de la órbita estatal: "Hay que tener alerta máxima para el 31 de marzo, cuando vencen 76 mil contratos", expresó enModo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).
Ayer hubo una reunión paritaria entre el Estado, el Gobierno Nacional, y los gremios. Uno de ellos, por supuesto, es la Asociación de Trabajadores del Estado. Rodolfo Aguiar, Secretario General justamente de ATE, estuvo presente en esta reunión paritaria.
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Alejandro Gomel: ¿El Gobierno propone el 12% a los estatales? ¿Cómo lo tomaron?
Desde ATE lo rechazamos, ya que habíamos sido muy claros en la previa a la negociación salarial: no íbamos a aceptar cualquier ofrecimiento que se ubicara por debajo de la evolución que habían mostrado todos los precios en las últimas semanas. La oferta del Gobierno fue la mitad de la última cifra de inflación conocida, que es el 20% de enero.
Además, no es cualquier cálculo, porque se promedió un 20,6% incluso considerando un 0,9% de educación que se encuentra en pleno receso. En realidad, hubo rubros que aumentaron mucho más que ese promedio y que son los que consumen asalariados y jubilados, como el transporte y los alimentos.
Con este 12% lo único que logran es que el 70% de los estatales tengan sueldos por debajo de la pobreza. Cuando hablamos de empleo público en la Argentina, debemos tomar las 24 provincias y las más de 2200 municipalidades.
En ese grupo hay más de 3.500.000 de trabajadores, de los cuales 2.450.000 perciben ingresos por debajo de los 596 mil pesos que es la "canasta familiar" medida oficialmente por el Gobierno y en la que no se calcula el alquiler. Y se sabe que una familia hoy, a partir de un DNU que se mantiene vigente en la parte que deroga la ley de alquileres, tiene que insumir casi un 40% de sus ingresos mensuales al pago de un alquiler que en la mayoría de los casos están dolarizados y se actualizan trimestralmente.
Con esta paritaria el Gobierno planifica la destrucción de los ingresos de los trabajadores y los jubilados, porque el Gobierno tenía plata pero no hizo un mejor ofrecimiento y negoció con un presupuesto vencido. el del 2023 prorrogado y que necesita una actualización de un 200% por lo menos. Desde ATE ya advertimos que si se sigue aplicando este presupuesto del año pasado, hay muchos organismos públicos que no podrán seguir funcionando más allá de junio.
El otro sindicato, que forma parte de este convenio colectivo, ha decidido aceptar el ofrecimiento. Por lo tanto, en principio, este porcentaje del 12% hay que informar que va a ser liquidado con los haberes del mes de febrero a la totalidad de los trabajadores.
En nuestro caso, ratificamos una nueva medida de fuerza nacional para la próxima semana.En minutos vamos a iniciar una reunión en la sede de la Federación Judicial Argentina en donde, junto a más de 30 sindicatos estatales y gremios de empresas del Estado, vamos a definir cuál va a ser la modalidad y seguramente comenzar a discutir la fecha en la que la próxima semana haremos esta medida de fuerza para rechazar el ajuste.
Andrés Rodríguez, titular de UPCN
Nosotros concurrimos a una negociación nacional sabiendo que no es cualquier paritaria, es rectora, se transforma en una guía. Ayer había más de 20 gobernadores y más de 2.000 intendentes mirando lo que iba a pasar, porque pretenden aplicar los mismos porcentuales con nuestra firma. No podíamos condicionar todas esas negociaciones salariales estatales que se encuentran pendientes en la Argentina.
AG: ¿O sea que se viene un paro de 24 horas la semana que viene?
Sí, habrá un paro de 24 horas con la modalidad de protesta que cada una de las jurisdicciones va a definir. Ayer tuvimos un presidente que festejó que el ministro Caputo haya logrado un superávit fiscal en el Estado de 2 millones de pesos.
Pero resulta que ese achique corresponde a 980 mil millones que le recortaron a los jubilados, un 22% que tuvieron que pagar todos los consumidores a partir de la quita de subsidios. Y justo, qué coincidencia, un 12% que le recortaron a todos los empleados públicos.
Fernando Meaños: Cuando el Gobierno asumió en diciembre señaló que hubo 7 mil contratos de la Administración Pública que no fueron renovados. Después de eso, ¿hubo despidos o interrupción de contratos?
Dato duro, sin relato: 754 trabajadores cesanteados ilegalmente de esos 7 mil que tenían menos de un año de antigüedad, lo que no quiere decir que no vayan a existir despidos masivos. De hecho, hay que tener alerta máxima para el 31 de marzo, cuando vencen 76 mil contratos que el Gobierno había decidido renovar por 90 días.
Por supuesto que nosotros rechazamos cualquier posibilidad de nuevas cesantías y reclamamos la inmediata incorporación de todos los trabajadores que fueron despedidos y que aceptan la normal atención de muchas entidades.
FM: La ilegalidad que usted habla no estaría en el caso de contratos que no fueron renovados, ya que el Estado puede no hacerlo. ¿Cuáles serían los casos ilegales?
En todos. El carácter de representantes de empresarios de la mayoría de los que llegaron al Gobierno piensan que pueden manejar la cuestión pública como lo hacían con sus negocios privados, pero las normas que rigen son distintas.
Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE.
Es que en la actividad privada, pueden dar de baja un contrato o despedir a alguien, cumpliendo las normas, cuando quieran. En cambio en la administración pública, no, ya que existe lo que se conoce como estabilidad en el empleo público. Además, que esté contratado no quiere decir que no tenga estabilidad en el empleo público, estamos frente a un fraude.
Acá existen presidentes (porque los anteriores también), gobernadores e intendentes que cometen fraudes laborales, que le exigen a usted, al comercio de la media cuadra, al pequeño y mediano empresario, que registre los trabajadores, que pague tasas, impuestos y contribuciones, pero son ellos los primeros incumplidores, no tienen autoridad para poder exigir.
La Constitución es clara: seis meses y un día, los trabajadores deben ser incorporados en la planta permanente. Nos hemos acostumbrado a naturalizar una ilegalidad en la administración pública, no le digo que no tenga razón a usted, al contrario, estoy confirmando que son centenares de miles en el empleo público los que están contratados.
La administración pública, ¿y una campaña de desprestigio?
AG: Hay un tema de base: el Gobierno dice que está sobredimensionada la planta de los trabajadores. ¿Es cierto que sobra gente en el Estado?
Por suerte se está dando vuelta la tortilla, ya que más de la mitad de los argentinos cree que la crisis es responsabilidad de este gobierno, el 36% de la gente no llega a fin de mes, el 44% apenas lo hace y casi un 80% se dio cuenta que no lo está pagando la casta.
Quisiera abordar esta introducción para señalar que la campaña de desprestigio y estigmatización hacia el empleo público y los trabajadores estatales está perdiendoefecto. Es evidente que no son privilegiados aquellos que realizan trabajos esenciales, como los recolectores de basura, médicos y policías. Se nos tilda de delincuentes y se afirma que el Estado es una organización criminal. Esto no es verdad, y es crucial derribar los mitos que circulan.
En primer lugar, el Estado no está sobredimensionado; menos del 20% de la población ocupada en Argentina trabaja en el sector público. Además, afirmar que no estamos calificados es un error, ya que el Estado argentino cuenta con trabajadores altamente educados, con un 51% que posee títulos universitarios, en comparación con el 18% en la actividad privada.
Finalmente, deseo destacar que no somos caros. Al analizar la partida de gasto corriente primario del Estado, se revela que los salarios de los trabajadores estatales se ubican en cuarto lugar después de jubilaciones, programas sociales y subsidios económicos.
La razón detrás de estos ataques e intentos de desprestigio radica en la resistencia a un Estado activo, ya que su ausencia dejaría el poder en manos de corporaciones. Es un intento de promover un gobierno dominado por estas corporaciones en lugar de uno que proteja los intereses de la sociedad en su conjunto.
