En la situación económica que vive Argentina desde hace muchos años se produce por causas antropológicas en el desenvolvimiento de la sociedad, o por las equivocadas políticas económicas implementadas por los diferentes gobiernos que se fueron sucediendo. ¿O hay de ambas cosas?
Según lo que piensa una doctrina económica nacida en Perú, encarnada con las ideas de Hernando de Soto, hablar de economía informal es pensar inmediatamente en un problema que está generado por la existencia del Estado. Incluso algunas expresiones locales, conocidas como “libertarias”, coinciden en esa apreciación.
Esa actividad económica clandestina está a la vista de todos, pero no se encuentra registrada y en consecuencia no paga impuestos. Al evadir sus obligaciones tributarias privan al Estado de los recursos necesarios para poder atender a las necesidades sociales de la población. Sin embargo, según el economista peruano, esa manera de encarar el tema constituye un error, porque en esos países el problema no es la economía informal, sino que el verdadero inconveniente es el Estado con su intervención exagerada.
Impuestos: el laberinto tributario argentino
El costo de la legalidad es tan grande debido a la gran telaraña de regulaciones que están vigentes. En la misma línea algunos economistas y políticos locales, que desfilan por los canales de televisión, le echan la culpa al Estado de ahogar a los contribuyentes con la gran cantidad de impuestos y de regulaciones que se encuentran rigiendo en nuestro país, que son las causas de todos los males y que originan el déficit fiscal que permanentemente tiene el país.
Por ese motivo, proponen achicar al Estado a su mínima expresión, para que la actividad económica fluya libremente, mientras que el que no se pueda subir al bote de la economía quedará, sin destino, naufragando.
Sin embargo, no todos los actores que circulan por la informalidad son iguales, es necesario hacer una distinción entre los que eligen serlo con los que están caídos del sistema y que no pueden regresar al camino formal.
Conociendo que el denominado “bono demográfico” (período en el que hay más habitantes en la población económicamente activa) en Argentina finaliza en el año 2035, hay que considerar que muchos de sus integrantes son segundas y terceras generaciones que no conocieron lo que es trabajar.
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Esta característica que tiene nuestro país, determina que existen cuatro actores económicos:
- El sector formal;
- El sector informal justificado;
- El sector informal injustificado y
- el sector Pasivo (población infantil y jubilados).
Por el sendero formal transitan aquellos que contribuyen con sus impuestos sosteniendo a los tres sectores que no hacen aportes. Están al límite, sus mochilas no soportan más piedras tributarias.
En contraprestación reciben del Estado menos de lo que aportan, ya que deben contratar al sector privado para cubrir sus necesidades vinculadas con la salud, la educación y por la seguridad.
Por el informal circulan actores justificados que no eligen estar ahí, fueron expulsados por la economía y por ese motivo el Estado debe sostenerlos. Tributan exageradamente por sus consumos básicos, a través de alícuotas proporcionales elevadas que no se diferencian por el consumo que hacen los que más tienen. Hace más de 200 años, en sus escritos Manuel Belgrano ya se preguntaba qué hacer con los “infelices” (no son felices) que se encuentran en sus ranchos sin trabajar.
Hay una gran parte que son informales, también, pero por decisión propia, son conscientes y tienen intención de serlo. Tienen capacidad económica, contribuyen al PBI, pero no pagan los impuestos que les corresponderían abonar. Aprovechan los bienes públicos y utilizan todos los servicios que brinda el Estado, a pesar de no realizar los aportes equivalentes. Cada vez que sale un blanqueo redimen su situación fiscal y siguen adelante sin estar comprometidos con la justicia. Por ese motivo, el Estado aumenta la presión tributaria sobre los actores formales (un tercio de la población) para sostener a los que no tributan.
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Por último están los pasivos, que ya han trabajado y aportado en su vida activa; sin embargo, continúan pagando impuestos. Con el avance de la ciencia se prolonga la cantidad de años de vida pero los servicios de atención no avanzan de la misma forma y quedan desatendidos. En las economías subdesarrolladas son sus propias familias las que se deben hacer cargo de ellos, en las economías desarrolladas son cuidados por el Estado.
La definición de cómo el Estado tiene que cobrar impuestos se encuentra escrita en la teoría de las Finanzas Públicas, basada en los siguientes principios:
- Legalidad: el poder tributario es una facultad inherente al Estado, que tiene que exigir tributos dentro de los límites establecidos por la Constitución, y sólo puede manifestarse por normas legales. Según nuestra Constitución los impuestos deben ser creados por leyes. Yendo a la realidad Argentina, el Congreso no debería delegar facultades permanentes al Poder Ejecutivo para que determine qué trabajador debe pagar el impuesto a las ganancias en los sueldos.
- Igualdad: la finalidad de los impuestos es la de promover el bienestar general. Para cumplir con eso, deben reunir los requisitos de imparcialidad, generalidad y uniformidad, para respetar lo que establece nuestra Constitución. Dentro de este punto, debería cumplirse por ejemplo que la aplicación de una tasa esté en relación al interés económico que afecta. En nuestro sistema tributario el Impuesto al Valor Agregado se aplica en los productos de la canasta básica, sin distinción de la persona que consume, aplicando en los bienes que integran la canasta básica de alimentos la misma alícuota a los indigentes como a las personas de alto poder adquisitivo.
- Equidad: los tributos, para ser equitativos, no deben violar la propiedad privada. La prohibición de actualizar, en forma permanente, todos los mínimos, deducciones y las tablas que rigen en cada uno de los tributos hace que se paguen impuestos por resultados irreales. Este derecho se ignoró, por todos los gobiernos, desde el año 2002, cuando la convertibilidad voló por los aires y comenzó la inflación.
- Proporcionalidad: los impuestos directos, como el Impuesto a las Ganancias, con tasas progresivas ayudan a gravar en forma diferenciada las distintas categorías de capacidad individual. Sin embargo, la reforma del año pasado introdujo alícuotas progresivas para las empresas que lo abonan. Esto no sucede con los tributos que alcanzan el consumo, por los que todos pagan la misma alícuota. Los impuestos patrimoniales también contemplan distintas alícuotas, que se incrementan en función del mayor patrimonio que posee el contribuyente y dependiendo de la ubicación de los bienes (en el país o en el exterior)
- No confiscatoriedad: los impuestos no deben ser confiscatorios. A pesar de ello, los sueldos pueden ser afectados en un 20% por cuestiones previsionales más el 35% vinculado al Impuesto a las Ganancias. El total autorizado a descontar de una remuneración bruta puede llegar entonces hasta el 55%, porcentaje que es confiscatorio.
- Doble imposición: consiste en cobrar dos o más veces impuestos por el mismo hecho imponible. Desde hace tiempo, en nuestro país, existen ejemplos de esta situación, por ejemplo el Impuesto al Valor Agregado e Ingresos Brutos, que se disparan ambos en el momento de la compra de un bien o al contratar un servicio. Incluso el impuesto provincial se incrementa en efecto cascada, acumulándose en el costo de cada parte que integra la cadena. Otro ejemplo de doble imposición se da en los impuestos patrimoniales, por ejemplo en Bienes Personales junto al impuesto inmobiliario y el de patentes de automotores. En estos casos dos fiscos, nacional y provincial, gravan el mismo hecho imponible. También, se puede ver con las tasas municipales que se superponen con las de las otras jurisdicciones.
Otro aspecto que debe tenerse en cuenta es la diferencia que existe entre una tasa y un impuesto. El pago de un impuesto se realiza sin que exista una contraprestación directa, contribuye a un fin social, no se identifica plenamente con la persona que lo abona. En cambio una tasa requiere de un servicio prestado, o una contraprestación recibida en forma directa. En la actualidad, en donde los servicios públicos (luz, gas, agua) son bienes esenciales, como los alimentos, la educación y la salud, quizás haya que ir pensando en que sean considerados como impuestos y no como tasas o tarifas. Una forma de hacerlo es cobrar tarifas diferenciales de acuerdo con la capacidad económica que posee el prestatario.
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Dependiendo entonces del lugar que nos paremos, podemos notar que el déficit fiscal no es producido por una única causa. Dependiendo del lugar en donde nos paremos, se puede pensar que sólo puede estar originado por la gran parte de recaudación que pierde el Estado por no cobrarle impuestos a, por lo menos un tercio de la economía, que es la que circula por el camino informal injustificado. Otra manera de verlo, es que la culpa es del Estado que se excede en gastos de sus políticas públicas y promueve la decisión de evitar pagar tributos.
Antes debería obtenerse la respuesta a la dicotomía, del huevo y la gallina, de la economía argentina: ¿los impuestos son altos por el grado de evasión; o en cambio, la alta presión fiscal promueve la informalidad? Como los absolutos no existen, quizás sea una combinación de las dos cosas.
