Se hacen escuchar en estos días las voces indignadas de quienes reclaman la vuelta a clases presenciales. Sin embargo, a esta altura, este no es el debate. Está y estuvo claro desde siempre que todos quienes consideramos prioritaria a la educación hemos pensado y compartido la preocupación por la falta de presencialidad. En consecuencia, la verdadera discusión es en qué condiciones se lleva a cabo el retorno y, en un sentido más profundo más allá de las condiciones de pandemia, qué rol tiene el Estado en garantizar el acceso a la educación.
Lo grave de ello es que creíamos que el acceso universal y gratuito a la educación pública era uno de los acuerdos básicos que caracterizaron a nuestra sociedad desde el dictado de la ley 1420. Al parecer hay quienes intentan quebrar la columna vertebral sobre la que se erigió durante el siglo XX una sociedad que integraba y daba oportunidades a través de la existencia de un Estado comprometido con la educación de su población.
El mejor ejemplo de ese giro lo constituye el fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad que desestimó la demanda de una familia por una vacante en el nivel inicial y eximió al Estado de asumir su obligación constitucional a fines de 2020.
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Lo paradójico, en consecuencia, de la postura del Gobierno de la Ciudad es que pretende aparecer como el abanderado del retorno a las clases presenciales, el garante del derecho a la educación, pero ha demostrado en su historial una indiferente actitud en el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales frente a los niños y las niñas que demandan un lugar en el sistema educativo, al tiempo que ha recortado sistemáticamente los recursos presupuestarios destinados a educación.
En definitiva, quienes hemos defendido la educación pública de manera coherente y constante, podemos observar atónitos cómo existen dos problemas que, en realidad, no le preocupa resolver al Gobierno porteño: por un lado, no hay un plan consistente de retorno a clases que atienda las necesidades del contexto de pandemia. No realizó inversiones significativas en las escuelas, no hay una planificación sobre, por ejemplo, la posibilidad de establecer un sistema mixto presencial–virtual que sea viable dado que sigue habiendo niños y niñas sin conectividad y equipos; además de que no se ha presentado un esquema laboral alternativo que posibilite a las y los docentes enfrentar esa duplicidad, sea con más personal o el desarrollo de trayectos alternativos.
No hay información sobre los procedimientos de higienización necesarios en los edificios escolares, de un refuerzo de los equipos de limpieza, nada… Hacer las cosas seriamente en este plano, significa redirigir fondos para enfrentar las necesidades de un posible retorno en condiciones adecuadas. Eso implicaría destinar fondos de otras áreas para educación.
Y lo que ha sucedido en 2020 y quedó plasmado en el presupuesto 2021 es que no hay intención política de hacerlo. Porque pareciera que es más importante mantener e incluso incrementar las partidas de publicidad o de infraestructura para proyectos como el ex Tiro Federal o Costa Salguero.
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Por otra parte, y esto quizás es lo más significativo para entender esta problemática, no hay respuestas a la consuetudinaria falta de vacantes. En ese sentido, es importante recordarle al jefe de Gobierno que desde hace años hay más de 20 mil niños y niñas que en cada ciclo lectivo no tienen clases presenciales, ni virtuales, ni de ningún tipo. Es un problema estructural que se resuelve de una sola manera: invirtiendo en nuevas escuelas y creando más vacantes.
Sin embargo, el presupuesto de este año ha reducido en un 70% las partidas destinadas a Infraestructura escolar. Nadie que tenga responsabilidad sobre estos números puede salir a decir que le preocupa y es una prioridad la educación pública, salvo que escondan dos caras detrás de los barbijos.
Mientras no haya vacantes para todos y todas, la presencialidad va a ser una utopía para miles de familias en la Ciudad de Buenos Aires, y no por estar atravesando un período de aislamiento social, sino porque pareciera que algunos quieren condenarlos a la marginación social.
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Es tiempo de dejar de lado las puestas en escena y dar respuestas inmediatas y concretas a los problemas que aquejan a quienes solo quieren acceder al derecho a la educación. Simplemente, hay que cumplir con lo que establece nuestra Constitución.
*Santiago Roberto. Diputado de la Ciudad de Buenos Aires por el Frente de Todos e integrante de la comisión de Educación.
