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Pandemia y democracia

El coronavirus dispara los toques de queda y estados de excepción en Latinoamérica y el mundo

En Chile, Bolivia, Ecuador, Perú, Panamá y El Salvador así como en Francia y España se decretaron medidas más propias de las situaciones de guerra para instaurar el confinamiento absoluto al estilo chino.

El presidente Piñera, en conferencia de prensa en Chile.
El presidente Piñera, en conferencia de prensa en Chile. | AFP

Luego del cierre de fronteras y la suspensión de clases y diversas actividades recreativas, varios gobiernos del mundo avanzaron un paso más allá: declararon el estado de excepción en sus variadas modalidades para combatir al coronavirus, pasando del aislamiento voluntario a un confinamiento obligado bajo vigilancia de las fuerzas de seguridad. Desde el miércoles 18 de marzo, también en Latinoamérica se adopta cada vez más esta herramienta característica de las situaciones de conmoción, mientras Argentina atraviesa horas críticas en el debate sobre la forma que puede adquirir una cuarentena masiva y obligatoria.

No son pocos los que se preguntan cuán elásticas son las democracias liberales de Occidente para adoptar, en tiempos de paz, medidas más propias de un estado como el chino, al que siempre cuestionaron –pero pocas veces en voz alta–por su restricción a las libertades individuales. Ni cuál puede ser el impacto en semanas, quizás meses, cuando se apague la pandemia del Covid-19 y se emerja en una nueva normalidad social.

No son pocos los que se preguntan cuán elásticas son las democracias liberales de Occidente para adoptar, en tiempos de paz, medidas que siempre cuestionaron de estados como el chino

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El argumento que legitima la fuerza mayor en tiempos de paz se ha escuchado en más de una ocasión durante la última semana, en boca de líderes mundiales y diversos actores sociales: esto es una guerra contra un enemigo invisible. Lo dijeron el presidente francés Emmanuel Macron y el estadounidense Donald Trump, dos referentes que en poco pueden ponerse de acuerdo y lo hicieron apenas con unas horas de diferencia. Pero al norteamericano lo limita la naturaleza del profundo federalismo del país que ha hecho de la "libertad" su credo definitivo. Al francés, no, y declaró el toque de queda en su país por 15 días.

También el español Pedro Sánchez lo sugirió al declarar el estado de alerta en su país el sábado pasado, instrumento por el cual el poder central pasa a controlar todas las fuerzas de seguridad regionales –autonómicas y locales– para supervisar el acatamiento de las prohibiciones dispuestas y se habilita el despliegue de las fuerzas armadas. Si bien se ocuparon de aclarar que no otorga al mandatario el poder de avanzar sobre libertades individuales, tampoco permanecen inalteradas desde el momento en que se clausura gran parte de la actividad social y se restringe la libertad de circulación en pos de un bien mayor, vencer al Covid-19.

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"El Coronavirus puede ser utilizado por líderes autoritarios como una excusa para menoscabar la democracia", se titula un artículo de los últimos días del periodista iraní-estadounidense Borzou Daraghi, corresponsal del diario británico The Independent. Si bien no alude a Macron ni a Sánchez sí apunta contra las políticas migratorias de la Casa Blanca o la vigilancia permanente que ejercen países como Irán o Israel, tan celosos de su seguridad. "Los temores al coronavirus podrían reperfilar las políticas al erosionar la democracia en algunos países", apunta Daragahi.

Latinoamérica no es la excepción en materia de la activación de mecanismos draconianos en las Constituciones con el fin de luchar contra la expansión del coronavirus en estas tierras. Si bien la emergencia es real, coinciden varios especialistas médicos, y solo basta con ver el drama de quienes tomaron decisiones demasiado tarde para convencerse sobre la necesidad de anticiparse, el debate que se plantea en un plano paralelo al sanitario pasa por cuán profundo se debe actuar si falla la responsabilidad social del autoaislamiento.

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A comienzos de semana, el presidente ecuatoriano Lenín Moreno decretó el estado de excepción, con un toque de queda durante las madrugadas en adhesión al cierre de todas las actividades salvo aquellas vinculadas a la salud y el abastecimiento de alimentos. Lo denominó "una guerra" frente a la cual "hará todo lo posible y hasta lo imposible" para proteger a su pueblo. No es el único: también Perú apeló ayer al mismo instrumento para detener por completo la circulación social luego de descubrirse que los más jóvenes no respetaban el aislamiento voluntario por las noches. No lo llamó toque de queda sino "inmovilización social obligatoria". En esencia, no difiere en lo absoluto: todo aquel que sea descubierto en la calle, entre las 20 y las 5, y no sea periodista o trabajador de la salud, puede ser detenido por la policía o el ejército.

En Chile, el mandatario Sebastián Piñera comunicó ayer que se establecía, por 90 días, un estado excepcional de catástrofe  para "anticiparnos, prepararnos, para las etapas que vienen en esta pandemia que es el coronavirus". Según el jefe de Estado, la medida es clave para "proteger mejor la cadena logística de traslado de insumos médicos, facilitar el cuidado y el traslado de pacientes, personal médico y la evacuación de personas", aunque también le permite al gobierno limitar derechos o garantías constitucionales en un país cruzado por la protesta social desde octubre del año pasado. Una de las herramientas a disposición es, en efecto, el toque de queda.

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Ivan Duque, al frente de una Colombia donde el término "guerra" sigue demasiado fresco en el inconsciente colectivo, evitó este concepto a la hora de establecer el "estado de emergencia". A diferencia de los otros dos estados de excepción –guerra y conmoción interior— de la república colombiana, esta herramienta constitucional faculta al mandatario a dictar decretos con rango de ley en temas económicos que la Corte Constitucional debe revisar y, una vez superada la urgencia, ratificar el Legislativo.

Si bien está claro que el presidente no pasa a detentar poder policial alguno, el debate en Colombia respecto a la instauración de un toque de queda y quién tiene la potestad de establecerlo –presidente, gobernadores o alcaldes– se disparó con la fijación del estado de emergencia. Por si acaso, el gobierno de Duque ya emitió un decreto arrogándose la última palabra en la materia, como cabeza de Estado.

Bolivia, con dos meses de una campaña presidencial y legislativa por delante que ahora entra en el terreno de la incertidumbre, fijó desde el martes a la noche la emergencia sanitaria y una orden de permanecer en los hogares desde las 17 y hasta las 5 de la mañana. Para ello solicitaron la "colaboración" de las fuerzas armadas y de seguridad.

Y por último, en Panamá también se decretó el toque de queda y en El Salvador, el presidente tuitero Nayib Bukele obtuvo de la Asamblea Legislativa un estado de excepción por 15 días el pasado sábado "para controlar de manera eficiente el inminente impacto sanitario de la pandemia de COVID-19 que afronta el país". El decreto lo habilita a adoptar la restricción temporal de los derechos constitucionales de circulación y reunión. Lo curioso es que, recién ayer, cuatro días después, Bukele confirmó el primer enfermo de coronavirus en su país.

MB/FF