Los kirchneristas piensan que Argentina no logra superar sus problemas porque ciertos poderosos, especuladores y avivados mantienen al pueblo en el estancamiento y la miseria. Yo pienso que Argentina no logra superar sus problemas porque el Estado trabaja sistemáticamente para crear rentas para unos pocos, transfiriendo recursos de los que menos tienen a los que más tienen, y coartando la posibilidad de que cada uno en libertad pueda competir, producir, y con ello contribuir a mejorar la situación general.
Hoy quiero ilustrar esto que afirmo con un ejemplo absolutamente abrumador: una acción del Estado, bajo la tutela –no podía ser de otra manera– del relato kirchnerista, donde se le manoteó nada más y nada menos que 450 mil millones de dólares al pueblo argentino para repartirlo en un pequeño grupo de empresas nacionales y extranjeras.
¿Puede ser que una transferencia equivalente a un PBI pase por debajo del radar? ¿Puede ser que le hayamos sacado al pueblo más que toda la deuda pública y nadie se haya enterado? Pues parece que sí. Veamos esta sorprendente saga.
La historia tiene que ver con la apropiación de la renta petrolera e involucra a YPF, empresa que está en los medios por estos días debido al desenlace de los polémicos juicios de Burford y Maxus, que suman costos a los de su carísima nacionalización. Recordemos que, cuando la dupla Kicillof-Galuccio avanzó con la compra del 51% de YPF, se pagaron 5 mil millones de dólares para adquirir algo que hoy vale 1.200 millones.
El vehículo del defalco es la Ley de Hidrocarburos 27.007, sancionada en el año 2014. En nuestro país, la renta de los hidrocarburos es de las provincias que licitan la explotación del recurso. Para las provincias es totalmente irrelevante qué entidad –privada o estatal– luego lleva a cabo la operación; lo importante es cuánto puede recaudar el fisco al otorgar sus concesiones.
Asumiendo licitaciones competitivas, cuanto más eficientes son las empresas, más dinero estarán dispuestas a pagar. Como el factor más relevante a la hora de definir la competitividad de una empresa petrolera es el costo de su capital (el insumo más importante de la industria), en general las empresas internacionales, con menor costo de capital serán las que puedan ofrecer mayores pagos al Estado. Es por ello por lo que son los operadores naturales en todo el mundo.
Ahora bien, nuestra historia se desencadena con la nacionalización de YPF durante el segundo kirchnerismo, que aumenta los costos de financiamiento de la empresa. No es lo mismo prestarle a Repsol que a una empresa de un país en default. Esto, a su vez, implicaba que a YPF se le complicaría competir en nuevas licitaciones con las empresas internacionales.
Miguel Galuccio, por entonces CEO de YPF, comprendió esto rápidamente. Para el año 2014, y con el objetivo de reducir sus necesidades de financiamiento, ya había logrado convencer al gobierno de aumentar el costo de los combustibles y de que les pagaran el gas a 7,5 dólares el millón de BTU, cuando el precio internacional era algo así como 3. Los 7,5 dólares por millón de BTU sacaban a nuestra industria de la cancha, pero eso sería, en todo caso, el problema de otro.
En ese entonces, la provincia de Neuquén, bajo el liderazgo de su gobernador, Jorge Sapag, se encontraba licitando áreas nuevas de Vaca Muerta, que era la sensación del momento (y la joya que había motivado el zarpazo sobre YPF). En las licitaciones las empresas ofrecían pagar el 12% de regalías, que era lo tradicional, pero acrecentado con el 40% de las ganancias de la operación. Esto era una excelente noticia para Neuquén, pero prohibitiva para YPF.
Ante la inminencia de una crisis
La situación para YPF era verdaderamente delicada ya que la mayoría de sus áreas en la zona vencían entre los años 2023 y 2025. Sin la posibilidad de ser competitiva en nuevas licitaciones, YPF se encaminaba rápidamente a su desaparición. Fue entonces que Galuccio y su equipo diseñaron el plan definitivo: que las concesiones petroleras no fueran licitadas nunca más. Su meta: transformar las concesiones existentes en derechos perpetuos para las empresas que ya operaban.
En este momento de la historia es cuando aparece la Ley 27.007, impulsada por el kirchnerismo en 2014. En su artículo 9 establece que una empresa puede extender su concesión la cantidad de veces que desee y en las mismas condiciones que ya tenía. ¿Y qué ocurría con el 40% de ganancias que se esperaba en las renovaciones de las concesiones existentes? Buenos días, muchas gracias.
Al evitar una competencia a la que no podía hacer frente, YPF aseguraba sus yacimientos sin pagar un céntimo más. ¿Quién perdía? El pueblo de Neuquén y el de las otras provincias petroleras que, en vez de embolsar las regalías y el 40% de ganancias que les estaban ofreciendo, se iban a tener que conformar con el 12% de regalías que ya traían los contratos (nobleza obliga, la ley ofreció uno o dos puntitos de regalías adicionales para atemperar la culpa).
¿Cuál era el valor de ese 40% de ganancias? Por supuesto que depende de la cantidad y precio de los recursos involucrados. Usando estimaciones del potencial de Vaca Muerta y el precio en 2014, ese 40% valía, por aquel entonces, 450 mil millones de dólares. Claro, Vaca Muerta es grande.
Eso no es todo. Para concederle este beneficio a YPF, fue necesario hacerlo extensivo a todas las empresas petroleras. En definitiva, la Ley 27.007 transfirió gran parte de la renta petrolera de las provincias a las empresas petroleras. Por supuesto, esta medida se vendió como una conquista popular y nacional, una alquimia comunicacional solo reservada a nuestro peronismo conservador.
La oposición votó masivamente en contra de este defalco. Como diputado, tuve el honor de hacer el cierre por el PRO en el Congreso. Sin embargo, la mejor presentación del tema –por escándalo– la hizo el ex gobernador de La Pampa, el senador Carlos Verna. Contrariado con el gobierno nacional, su presentación deja al desnudo lo expuesto en esta nota con extraordinaria lucidez.
Y acá termina esta triste historia, que espero sirva para ilustrar que, hasta que no nos demos cuenta de que vivimos presos de un relato que solo sirve de cover para los intereses concentrados, cualquier posibilidad de mejora será difícil, si no imposible.
*Profesor Plenario Universidad de San Andrés, Adjunct Professor Harvard Kennedy School y Honoris Causa Professor, HEC, París. Ex presidente del BCRA.
