Si ya una economía inflacionaria dificulta el cálculo económico de mediano plazo, la coexistencia de diferentes valores para los mismos bienes o servicios por razones que no obedecen a cuestiones de mercado, lo vuelve impredecible.
El último número del índice de precios al consumidor (IPC) que dio a conocer el Indec el martes pasado arrojó un 5,1% de alza en el mes de mayo y un 60,7% en la medición interanual. Sin embargo, como la inflación se fue acelerando durante este año, de repetirse el mismo resultado de los primeros cinco meses del año (5,3% de promedio mensual), estaríamos transitando a un 85% de inflación anual. Con esfuerzo discursivo, coordinación en la gestión y disciplina fiscal se podría bajar a un 3,5% promedio hasta fin de año, pero terminaríamos 2022 con un 65% anual.
El último índice oficial de precios arrojó un 60,7% en la medición interanual
Además de una velocidad muy por encima de la media de países de la región, aun en estos dos años pospandémicos particularmente inflacionarios, los problemas que trae la inflación son los de acortar los plazos en la toma de decisiones y acudir repetidamente a atajos que alejan del equilibrio, como establecer controles en la comercialización, cuotas de exportación, prohibiciones de venta y, sobre todo, intentar discriminar precios para romper el mercado en varios segmentos, cada cual atendiendo su propia demanda. Pero, sobre todo, intentando generar un precio diferencial y de esta manera retrasar la ola que presiona sobre el IPC.
Esto mismo es lo que a partir de esta semana intentará forzar el Poder Ejecutivo para cumplir con uno de sus compromisos sagrados con el Fondo Monetario Internacional, pero sobre todo para poner una losa a los focos de emisión monetaria: los subsidios a los servicios públicos (transporte y energías) que, tras los últimos aumentos en el mercado internacional del gas y el petróleo, podría estar cómodamente arriba del 4% del PBI. Para eso, debería lograr que el aumento de las tarifas pueda sortear las trabas judiciales y permitir que pudiera variar la tarifa en función del ingreso o el patrimonio de los usuarios. Además de polémico, muy difícil de implementar.
La última carta jugada apunta en esa dirección: para lograr el acceso al beneficio habría que inscribirse en un registro especial, con lo cual dejaría lo inercial en el campo del precio puro. Sin embargo, todas las subas no son sino meras actualizaciones de lo que se pisaron las tarifas de los servicios públicos durante tres años, que agravaron la desfinanciación del sistema y el desequilibrio con los costos, crecientes desde el año pasado. Pero también agravó la ruptura del sistema de precios devenido con la salida de la convertibilidad, hace ya más de 20 años y que nunca se pudo reconstituir. Pero también fue rompiendo con la noción del “precio” como la señal emitida hacia el mercado para coordinar las acciones de la oferta y la demanda para introducir la discriminación, que establece tantos valores como segmentos sean posible dividir. En el caso del gasoil, por ejemplo, la decisión de no convalidar el incremento de los costos internacionales desembocó en el desabastecimiento, agravado por ocurrir en época de uso intensivo en el sector agropecuario. Una paradoja, por dañar al principal generador de divisas cuya escasez origina esta cascada de efectos.
Tanto los combustibles como las tarifas están en la mira de los que miden inflación
Tanto los combustibles como las tarifas de los servicios públicos, están en la mira de los que miden la evolución de los índices de precios. Es conocido su efecto multiplicador en el costo de vida, lo que muchas veces los convierte en el ancla preferida para contener de alguna manera la dinámica inflacionaria.
Otro tanto ocurre con el dólar: no se identifica solo con el billete norteamericano de curso legal, sino que sobre este valor se establece toda una escala construida con descuentos vía retenciones, impuestos, anticipos y, alguna vez, también reembolsos. Así, el valor dólar que para un exportador de soja equivale al 67% del precio establecido por el denominado “Mercado único y libre de cambios” (sic), un eufemismo para referirse al tipo de cambio “oficial”, para un turista equivale a 65% más y el del ahorrista que puede comprar hasta US$ 200 por mes como tope. Para el que exceda dicho monto, debería acudir al dólar financiero, generando otro más y el que quiera pagar servicios internacionales, dolarizados, un dólar intermedio. Todo para que, bajo la apariencia de regulaciones que velan por el orden público, se impongan impuestos y trasferencias de ingresos, estableciendo perdedores y ganadores, rompiendo la unidad entre el precio y la consistencia de un bien en el mercado. Tanto que tornaría retórica la pregunta que el General Perón formulara en 1948: “¿alguno de ustedes vio alguna vez un dólar?, la respuesta sería otra repregunta: “¿cuál de todos?”.
