Día 32: Desacuerdos en el Parlamento, acuerdos con el FMI
El Gobierno transitó ayer dos situaciones extremas. Por un lado, la dificultad en el debate por la ley ómnibus. Y por el otro, el anuncio de un acuerdo con los técnicos del FMI, que constituye una buena noticia para las autoridades económicas.
PLENARIO de Comisiones en la Cámara de Diputados |
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“El Congreso continuó ayer con el tratamiento en comisiones del proyecto de ley ómnibus presentado por el gobierno nacional. Como era de esperarse, y al igual que en la primera jornada, los diputados volvieron a generar escenas de disputas e intercambios subidos de tono durante todo el plenario”, explicó Jorge Fontevecchia en la apertura de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1) del jueves 11 de enero de 2024.
En el segundo día de discusión en comisiones de la ley ómnibus, el Gobierno, al contrario de lo que había manifestado el equipo del Presidente, se mostró más flexible con algunos puntos de su megaproyecto.
Por ejemplo, la disposición a cambiar la reforma política que generaba representación legislativa en diferentes zonas de un distrito, el fomento de la discrecionalidad a la hora de los aportes de campaña, la criminalización de una reunión opositorade tres o más personas, y la política de biocombustibles.
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En ese sentido se abren dos interpretaciones posibles en relación al carácter del nuevo gobierno, según su táctica política. Por un lado, estamos frente a ungobierno que está negociando hábilmente y que instala posiciones de máxima ficticia para luego, en la negociación, terminar acordando por lo que verdaderamente le interesa, o estamos frente a un gobierno decisionista que busca transformar, no solamente el entramado productivo y social argentino, sino la forma en la que se ejerce el poder volviéndola totalmente centralizada, y avanza todo lo que puede. O, lo que es más plausible, alguna combinación de estas dos.
Entre las modificaciones que el Gobierno empezó a admitir como posibles, una es la reducción del tiempo del ejercicio de las facultades extraordinarias para el Presidente. El proyecto original plantea que Javier Milei podía decidir sobre economía, tarifas, finanzas, seguridad, defensa, temas previsionales, sociales y administrativos sin pasar por el Congreso durante todo su mandato. Esto basado en un planteo de emergencia en todas estas áreas que requerían una suspensión de parte de las facultades del Congreso.
Hay quienes en el Gobierno sostienen que es posible bajar a un año el ejercicio de estas facultades extraordinarias. Puede que este sea el fiel de la balanza. En primer lugar, independientemente de que sea para todo el mandato, la mitad un año o seis meses, la delegación de poderes extraordinarios para que el Presidente pueda pasar por encima del Congreso en los principales temas de agenda es una limitación del régimen democrático. Imaginen que con el Congreso funcionando en sus plenas facultades, el Gobierno pretende modificar cientos de leyes y cambiar estructuralmente el entramado productivo y social del país en dos meses. ¿Cómo sería un gobierno de Milei en el que el Presidente puede decidir solo?
En segundo lugar, vuelve cualquier discusión en esta instancia obsoleta, porque cualquier concesión hecha en el Gobierno puede ser anulada si el Presidente lo evalúa necesario en ejercicio de sus facultades extraordinarias. Es decir, todo lo que se está discutiendo, el Presidente puede mañana modificarlo y toda esta discusión será abstracta.
¿El Gobierno es capaz de anular completamente el artículo 1, que habla de las facultades extraordinarias y someterse a la discusiones en el Congreso con sus tiempos, usos y costumbres? ¿O este artículo es esencial para su proyecto político y vamos camino a la consolidación de un gobierno decisionista o a un choque de poderes?
En un paper de Eduardo “Gago” Fernández, de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, se explicó que el decisionismo defendido por Carl Schmitt responde a la necesidad de dar solución a una situación de emergencia en la vida política y social.
En la Argentina tenemos la sensación de que lo extraordinario es normal y siempre vivimos en emergencia. Es decir, cuando no exista la posibilidad de recomponer una sociedad disgregada y a punto de disolverse, la clave está en establecer un tipo especial de dictadura, la comisaría, a partir de la cual un poder unitario pueda construir un orden jurídico. Se acepta que el poder lo ostente quien pueda estar por encima de los intereses particulares o grupales sirviendo al interés común. Esta teoría nació en Alemania durante la República de Weimar y sirvió como justificación jurídica y filosófica al ascenso de Hitler.
Esta idea de que una crisis profunda habilita la necesidad de un proyecto autoritario está en el germen del artículo 1, del que estamos hablando, y se trasluce en el discurso de algunos funcionarios. Recuerden que el procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, dijo anteayer que si hay “crisis económica, no habrá Constitución vigente”.
En el debate de ayer en comisiones, Rodrigo De Loredo sostuvo que “no me rasgo las vestiduras si al Presidente le convino darle la espalda al Congreso, sí me las rasgo cuando eso se traduce en evitarlo”
Es interesante lo que plantea el jefe de la bancada radical, Rodrigo De Loredo, pero el simbolismo que tiene que el Presidente le dé la espalda al Congreso no es un dato a desestimar. Puede ser parte de una estrategia de desprestigio de las instituciones que avancen a este tipo de gobierno decisionistas.
Por su parte, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, habló respecto al artículo 331 de la ley, que limita las reuniones a menos de tres personas, y aseguró que “como se generó confusión, nuestro objetivo es retirar ese artículo”. En contrapartida a esto, Bullrich cruzó a Sergio Palazzo por el paro convocado por la CGT para el próximo 24 de enero. “Levanten el paro y vamos a discutir democráticamente de verdad”, manifestó la ministra.
Los cruces siguieron, y el titular de la bancada de Unión por la Patria, Germán Martínez, apuntó contra el ministro del Interior, Guillermo Francos, sobre el financiamiento electoral. “Los diputados van a dejar de ser del pueblo para ser de las corporaciones”, señaló Martínez. Por su parte, Francos respondió que “el riesgo de que sectores criminales aporten a una campaña es el mismo que en el sistema anterior”, haciendo referencia al narcotráfico.
En política, quién gana y quién pierde no siempre es tan claro. Muchas veces las interpretaciones son cruzadas y es complejo terminar de entender quién aprovechó más la situación y salió fortalecido. Se puede decir que la oposición más dialoguista, compuesta por los radicales y el bloque Hacemos Coalición Federal, liderado por Miguel Ángel Pichetto, puede mostrar que su oposición “constructiva” genera efectos y cambios en el proyecto de ley. También podemos pensar que el Gobierno va a otro tipo de régimen democrático y que este tipo de accionar simplemente le allana el camino a un tipo de ejercicio del poder mucho más centralizado y decisionista.
El maestro del gerenciamiento, Peter Drucker, decía que el éxito era un camino de aproximaciones sucesivas, que se iba acercando, por etapas, al objetivo. Esperemos que este no sea el caso en el que estemos en camino a un gobierno definitivamente decisionista.
En este momento hay gobiernos que podrían llamarse decisionistas en ejercicio. El gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, que encarceló a todos sus oponentes electorales en el último proceso electoral. Dina Boluarte en Perú, que funciona como gobierno de excepción también, y Jair Bolsonaro en Brasil, al intentar desconocer fallos de la Justicia, invitando a movilizar contra el poder y tomar sus edificios, también intentó erigirse como un presidente por encima de las Instituciones. Además cuando perdió con Lula Da Silva, intentó desconocer el resultado y sus simpatizantes tomaron los edificios públicos en el Planalto.
El Gobierno que comenzó con un discurso de espaldas al Congreso, ayer tuvo un fuerte espaldarazo del exterior. El anuncio del ministro de Economía, Luis Caputo, sobre el acuerdo con el Fondo. “El FMI desembolsará 4.700 millones de dólares”, anunció Caputo, y señaló que es en el marco de la séptima revisión de facilidades extendidas.
Se dice que una de las tareas del ministro de Economía es convencer, ser didáctico, enseñar y explicar, Caputo evidentemente carece de esas habilidades.
Cabe recordar que estos desembolsos son parte del acuerdo entre el Fondo y el gobierno anterior. Son dinero que nos presta el Fondo para pagarle al propio Fondo. Estos 4700 millones de dólares se van a ir desembolsando en la medida que las revisiones trimestrales que hace el organismo sean satisfactorias.
Un periodista le preguntó por la vinculación entre la aprobación de la Ley Ómnibus y la evolución del acuerdo con el Fondo. “En la medida en que la ley no pase, las medidas van a ser más duras y los argentinos van a sufrirlas más”, sostuvo el ministro.
Esta declaración une ambos temas, ya hace a la idea de que el Congreso debe hacer lo que el gobierno propone porque si no estaría contribuyendo a la crisis. Nosotros creemos lo contrario, lo que tiene que hacer el Gobierno es su trabajo, generar las mejores leyes para que impacten en la vida de los argentinos de la mejor manera. Esto se hace discutiendo profundamente cada reforma y en el tiempo que sea necesario discutirlas.
La idea de que una mayor crisis se justifica para que un gobierno más autoritario sea quien lleve adelante las políticas nacionales, es una idea peligrosa que no creemos que haya que adoptarse.
Un mensaje para Juntos por el Cambio, no es cierto que lo que está llevando adelante Milei, sea el proyecto de Juntos por el Cambio, y la mejor demostración es el silencio actual de Melconian. Carlos Melconian era el ministro de Economía elegido por Patricia Bullrich, no por Horacio Rodríguez Larreta, quien ganó la interna de Juntos por el Cambio. El plan económico de Melconian no tiene nada que ver con este. Primero, el planteo del dólar, que tenía él junto a Rodolfo Santangelo, era de $550, no de $800, más 17% de impuesto PAIS, que lo lleva a $940 para las importaciones. Es decir, el plan económico de Juntos por el Cambio era el plan económico de Carlos Melconian, quien estaba claramente expuesto así por la propia Patricia Bullrich.
Lo que sí podríamos decir es que el plan de seguridad de este gobierno es el de Juntos por el Cambio, pero no el plan económico. Parece que este es el quid de la cuestión y qué va a pasar con la pre identidad de Juntos por el Cambio, es uno de los grandes temas del futuro.
Como había dicho uno de los diputados del Frente Federal que venía del PRO, el presidente PRO de Córdoba, “si a Milei le va bien, Juntos por el Cambio se convierte en la UCEDE de Menem”. Para aquellos más jóvenes, la UCEDE fue un partido liberal que sacó 10% de los votos y Menem subió a su gobierno, finalmente se fue diluyendo hasta hacerse inexistente. Y si a Milei le va mal, Juntos por el Cambio paga el mismo costo político. Por lo que sería importante marcar que el proyecto económico que está llevando adelante Milei, no es el de Juntos por el Cambio.
