Marcelo Gallo Tagle, presidente de la Asociación de Magistrados, afirmó estar preocupado por el deterioro a las instituciones causado por las arremetidas del Gobierno contra el Poder Judicial. “Quienes hablan de lawfare, lo que quieren es impedir la investigación”, resaltó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).
La Asociación de Magistrados presentó ayer un diagnóstico sobre la independencia del sistema judicial argentino, ¿qué nos podría compartir de ese informe?
El informe no lo presentó la Asociación, lo presentó la Federación Latinoamericana, junto con la organización Cyrus R. Vance Center For International Justice.
Fue un informe producido como consecuencia del encuentro que tuvimos con la secretaria de Naciones Unidas en febrero, donde hablamos sobre la independencia del Poder Judicial.
Como están haciendo estas presentaciones en todos los países de Latinoamérica, participan e invitan a la asociación local, en este caso, a nosotros.
El informe releva algunas circunstancias que se han señalado en tanto al no respeto de la independencia del Poder Judicial.
Con respecto a lo que nos toca a nosotros, lo que señalamos es un poco esto, lo que hemos dejado trascender en cada comunicado, en cada momento en que surgió algún tipo de embate contra la independencia del Poder Judicial.
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Básicamente, cada vez que salían propuestas de proyectos de modificaciones, cada vez que salía alguna resolución adversa al Poder Ejecutivo, o críticas injustificadas de funcionarios públicos cuando los fallos eran adversos. Ese es el hilo conductor de las problemáticas que señalamos en el informe.
¿En qué circunstancias considera que se limita o se pierde la independencia de la Justicia?
Yo creo que no han tenido éxito para que se pierda la autonomía de la Justicia. Con todo el trabajo que hemos realizado, logramos preservar la independencia del Poder Judicial.
Cuando hubo fallos de la Corte adversos al Ejecutivo, han pretendido vulnerar la autonomía presentando proyectos, por ejemplo, para implementar un cambio en el número de miembros de la Corte.
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Cuando la propia dirigencia, al reducir el número de miembros a cinco, justificaron con fundamentos esa elección. Esa misma gente planteó, en algunos proyectos, elevar el número a 25, casi un número semejante a la cantidad de provincias que tenemos. Para justificar un ministro por cada provincia y, de esa manera, intentar el apoyo de las provincias.
Estuvo la modificación de la Ley de Ministerios Públicos que ahora, en el sistema acusatorio, pasan a tener una relevancia fundamental los fiscales, que trabajan impulsando las causas donde advierten delitos, entonces, han propuesto modifica eso, con una carga muy importante del sector político, y disminuir las mayorías necesarias para su destitución, de manera de tener una domesticación para aquellos que avancen en causas de corrupción.
Todos esos proyectos no han superado el Congreso para ser aprobados como leyes. Son proyectos que están ahí, todavía dando vueltas, algunos con posibilidad de perder estado parlamentario. Pero es el incesante ejercicio al que ya nos tienen acostumbrados cada vez que hay algún fallo que no agrada al poder.
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¿Podríamos decir que todo fallo que contradice al poder es categorizado como lawfare?
El lawfare es, justamente, una contradicción contra los propios actos de quien lo proclama. Porque quienes hablan de lawfare, lo que quieren es impedir la investigación.
Pero, cuando las mismas personas que denuncian lawfare como un ataque injustificado a quien está siendo investigado, son ellos quien denuncian a un magistrado porque consideran que no ha actuado adecuadamente, ocurre que la mejor manera de que quede limpio el nombre de ese magistrado es que se permita avanzar con la investigación.
Cosa que estamos de acuerdo, no tenemos miedo a ningún tipo de auditoría, investigación o relevamiento. Lo que estamos en contra es cuando eso es absolutamente arbitrario e infundado. Además, se dilata en el tiempo para tener a ese magistrado condicionado por más tiempo.
Pero cuando es a la inversa que se realiza una investigación, para ellos es lawfare.
¿Cree que aquellas amenazas sobre modificaciones en la Corte o reformas judiciales, que causaban mucho ruido hace dos años, hoy perdieron fuerza?
Te vuelvo a decir que, con independencia de que pueda ser peligroso o no, nosotros seguimos con la misma energía, tratando de dar explicaciones a todos los legisladores que no quieran escuchar, de lo injustificadas de esas modificaciones.
Lo que más me preocupa es que esto genera un perjuicio muy grande a las instituciones. Todas las personas que hoy estamos en este debate, pasamos, no estamos perpetuados en nuestros cargos, pero las instituciones quedan.
Este tipo de prácticas, que sólo atienden al interés mezquino de quien las promueve en un momento determinado, sin mirar con vistas a un crecimiento de la Patria a futuro con instituciones perdurables, le crean un perjuicio enorme a las instituciones.
La ciudadanía está viendo esto, toda esta manipulación, todos estos discursos de agresiones, de grietas, de manoseos, donde no se advierte un trabajo serio e indómito para el crecimiento del país.
Esta manera de proceder no le hace ningún bien tampoco a quienes la promueven. No es que queden mejor parados en esta lucha cotidiana que estamos enfrentando. Eso me preocupa más que el eventual éxito, que entiendo que no van a lograr.
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Los planes de los candidatos no parecen ir por esas medidas de las que se hablaba hace dos años en lo que respecta a la modificación de la Corte, etc. Sin embargo, las reformas futuras de la Argentina van a exigir leyes, procedimientos de DNU, etc. Seguramente habrá conflictos y necesidad de acompañamiento de la Justicia.
¿Analiza que puede llegar a ser un tema esa conflictividad? ¿Qué rol cree que puede jugar la Justicia en este panorama?
Históricamente, a la Asociación de Magistrados nos ponen como si estuviéramos a favor o en contra de un sector.
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Afortunadamente, tenemos un hilo conductor que podemos mostrar, que es una sola línea de acción. No somos ni oposición ni oficialismo, siempre respetamos la división de poderes.
Sí va a haber un control de constitucionalidad en cada medida que deba aplicarse. Ese acompañamiento que se va a requerir del Poder Judicial se va a obtener en la medida de que las leyes no avasallen ningún derecho o garantía de los ciudadanos con el dictado de esa ley.
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El rol que cumplimos ahora, antes o en el futuro, va a ser el mismo. No va a haber un pronunciamiento favorable a un sector o a otro en función de simpatías. Cualquier pronunciamiento que provenga del Poder Judicial va a ser siempre respetando lo que constitucionalmente corresponde.
No va a haber pronunciamientos ideologizados. Respetando todas las garantías, las leyes serán convalidadas.
FM JL
