Los Decretos de Necesidad de Urgencia han estado en el foco del debate legal desde el inicio de la cuarentena, estableciendo una puja permanente sobre su constitucionalidad. Sin embargo, los protocolos que sostienen las nuevas formas de interacción social son en distintas ocasiones tan problemáticos como los lineamientos legales de la cuarentena, especialmente por su rol en el exponencial estrés social que vive actualmente Argentina.
Familias que no pudieron reunirse, compañeros de clases que perdieron contacto, negocios y actividades económicas frustradas u obligadas a reinventarse, permearon toda la convivencia de la sociedad civil. En medio de este contexto el gobierno elaboró una serie de protocolos que en distintas ocasiones cruzaron la raya de la razonabilidad, y significaron un grave error en la comunicación pública, que termino profundizando el hartazgo que hoy hace tan difícil tomar nueva medidas.
Vale la pena repasar algunos protocolos, y evaluar tanto su intención como el resultado real de su divulgación para evaluar por qué la sociedad parece completamente negada a cumplir alguna restricción adicional.
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En abril del 2020 el Ministerio de Salud de la Nación recomendó la implementación del sexo virtual para evitar la propagación del coronavirus, en una exposición centrada en el sexo en tiempos de Covid-19. La medida incluyo la publicación oficial de un paquete de recomendaciones, entre los cuales destacan el lavado de manos después de sostener relaciones, así como la desinfección de todos los elementos utilizados.
La vida sexual es posiblemente uno de los espacios más íntimos del ser humano, y es sumamente difícil de considerar como pudo haberse pensado que era acertado divulgar estas medidas en medio de una incertidumbre sin precedentes, donde las familias desconocían si el ingreso económico de su hogar se sostendría frente a las restricciones comerciales, o cuánto tiempo estarían sin ver a sus seres queridos.
Es difícil considerar que un grupo de funcionarios consideraron desde una oficina que podían reglamentar las relaciones sexuales de millones de personas, pero más complicado aún es la dilapidación de tiempo y capital comunicacional en esta medida.
Gobierno y pandemia: a la comunicación pública le falta integridad
En octubre de 2020 tuvo lugar otro caso ilustrativo de esta situación. En ese momento el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires estableció el Protocolo para uso de espacios comunes propiedad horizontal, el cual sostiene una serie de normas para el uso de parrillas, terrazas, canchas de tenis, y hasta la lavandería de un consorcio.
Exploremos por un momento la situación de un trabajador común, que vuelve a casa luego de un día de incertidumbre en el marco de los rumores de nuevas medidas y la tan esperada reactivación económica, y al entrar al ascensor de su edificio consigue un anunció del Gobierno de la Ciudad, explicando la necesidad de pedir un turno para utilizar el parque del edificio, y que su paseo solo puede durar 45 minutos. Cuesta pensar que ese trabajador pueda mostrar alguna emoción que no oscile entre el desprecio y la cólera.
La excesiva reglamentación del ejercicio de espacios privados objeta la libertad del uso de la propiedad privada con criterios muchas veces irracionales, que les arrebatan a los ciudadanos la paz que pueden sentir en su hogar a la hora de querer olvidarse momentáneamente de un contexto tan adverso.
Brotes, rebrotes y sigue faltando comunicación
Finalmente en diciembre de 2020 distintas jurisdicciones del país elaboraron protocolos para las reuniones familiares de navidad y fin de año, con paquetes de recomendaciones entre las que destacan: tener varias mesas distanciadas según grupo familiar, y no sostener contacto físico como abrazos o besos tras las doce campanadas.
Ya para este momento del año, casi nadie miraba o realmente conocía el contenido de los protocolos existentes, dando por sentado la ilegitimidad de los mismos. Esta situación resulta sumamente grave, ya que en momentos críticos, las autoridades deben sostener una comunicación clara y efectiva con los ciudadanos, pero ese esfuerzo fue frecuentemente desperdiciado hasta el punto tal de romper ese lazo.
Es cierto que las medidas restrictivas son generalmente incomodas, y es muy difícil lograr que puedan caer bien a la opinión pública, pero el esfuerzo porque estas sean digeribles y amenas, al menos en la forma de su mensaje, es necesario para que el Estado no pierda progresivamente su capacidad coercitiva.
El problema es que justamente esa capacidad coercitiva, en democracia, necesita de la colaboración de la sociedad civil, y si está última juzga como irrelevante o incoherente el mensaje, no le dará la importancia que garantice su vigencia en el plano real. En este sentido, los protocolos que debían convertirse en el centro del cuidado y la conciencia ciudadana, comenzaron a ser relegados a la irrelevancia.
El gobierno prepara nuevas medidas económicas en pleno récord de casos
El hartazgo social no solo es producto de la extensión de la cuarentena, sino de la falta de tacto social a la hora de comunicar las medidas realmente importantes, desperdiciando tiempo y legitimidad en temas secundarios, como el sexo virtual, el uso de las canchas de tenis, o la recordada polémica de los runners, que marcaron el declive de la agenda comunicacional de las autoridades en el 2020.
La falta de coherencia en buena parte de la comunicación sanitaria constituyó un clima social donde los protocolos son símbolo de fastidio e irrelevancia, y no de seguridad y cuidado. En este sentido, el Estado aspira ahora a manejar una segunda ola con números críticos, sin tener voz alguna que alcance a los distintos sectores de la sociedad.
* José Manuel Rodríguez. Coordinador de Desarrollo Institucional, Fundación Federalismo y Libertad.
