Luis Campos: "El Gobierno no tiene ningún espacio de negociación con el movimiento obrero"

Luis Campos criticó la falta de diálogo por parte del Gobierno para con el movimiento obrero y la preferencia por negociar con organizaciones corporativas. Además, sostuvo que las estrategias y los funcionarios son la continuación de Cambiemos. “La voluntad del diálogo existe, lo que pasa es que el Gobierno claramente optó por otro camino”, señaló el investigador en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Luis Campos es investigador y coordinador del Observatorio del Derecho Social en el Instituto de Estudios y Formación de la CTA, al igual que lo hizo la CGT, la CTA Autónoma ratificó su participación al próximo paro general, a pesar de las advertencias previstas por gran parte del Gabinete Nacional y el propio Presidente de la Nación.

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Nuria Am: El Ministerio de Seguridad envió ayer una carta documento a todas las organizaciones sociales, y quienes participaron de la movilización a Tribunales, intimándolos a pagar 40 millones de pesos en concepto de los gastos operativos. Ya se sabía pero, ¿cómo lo tomaron?

Era algo que ya había anunciado la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Algo que estaba contenido en el protocolo que se implementa a partir de hace unas semanas en estas movilizaciones. Estas cartas documento, obviamente, están siendo rechazadas por todas las organizaciones. Básicamente constituyen una restricción ilegítima, ilegal, inconstitucional, por donde se lo mire, al derecho a manifestarse, al derecho a protestar. Están comparando una movilización y una acción de protesta con lo que podría ser el costo de un operativo en un partido de fútbol, cuando son claramente dos cosas muy distintas. Un partido de fútbol es una actividad, en todo caso, lucrativa, que tiene un costo para la sociedad y que está previsto que para autorizar la realización de un partido tiene que contar con un operativo policial que tienen que solventar los organizadores. No está previsto en ningún lado que, para ejercer el derecho a manifestarse, quien ejerce ese derecho tenga que solventar un operativo de seguridad. Lo cual básicamente implicaría prohibir el derecho a manifestarse.

Imaginá que las multas que llegaron son de aproximadamente 10 millones de pesos. Eso generaría que muchas organizaciones no puedan de ninguna manera ejercer un derecho constitucional, con lo cual, insisto, esto va a ser contestado en estos días por todas las organizaciones. Además no discriminó el Gobierno: en ese sentido, le hizo un favor bastante importante a la unidad de las organizaciones de trabajadores y trabajadoras, porque estas cartas documento estuvieron llegando ayer a todas las organizaciones: la CTA-Autónoma, la CTA de los Trabajadores, movimientos sociales, incluso partidos políticos. así que seguramente esto va a estar siendo contestado, rechazado. Seguramente se discutirá más adelante en sede judicial, pero de ninguna manera las organizaciones que llevan adelante el ejercicio constitucional del derecho a manifestarse van a tener que hacer frente a este tipo de sanciones, que en definitiva son una especie de sanción penal encubierta por el ejercicio de un derecho constitucional.

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NA: ¿Van a presentar alguna medida judicial para evitar este pago?

Se esta estudiando. En estos días lo que hay es una intimación administrativa, que es de un funcionario de segunda línea del Ministerio de Seguridad, y esto se va a contestar formalmente. Pero se está evaluando qué tipo de acción o medida se puede llevar adelante, más allá de contestar y rechazar estas intimaciones de pago. El resto tiene más que ver con una estrategia jurídica que todavía se está evaluando. En ese sentido tampoco hay urgencia por llevar adelante ninguna acción, ni respecto a las multas que pretenden imponer, que ni siquiera son multas este pago de los costos por el operativo que pretende exigir el Ministerio de Seguridad, ni tampoco de cara al 24 de enero. El 24 de enero las organizaciones sindicales van ejercer nuevamente un derecho constitucional, porque está reconocido en el artículo 14 bis el derecho a huelga, y ese derecho constitucional no puede estar supeditado al pago de un monto por la organización de un operativo policial, que tampoco las organizaciones solicitan. A diferencia de un club que solicita un operativo policial para organizar un partido de fútbol, en este caso las organizaciones sociales no están solicitando la presencia de ninguna fuerza policial, esa es una decisión que toma por su cuenta el Ministerio de Seguridad y, en todo caso, si tiene que hacer frente a esos costos, tendrá que hacerlo con los fondos con los que cuenta el Ministerio de Seguridad.

NA: Decías que no tienen planeada llevar adelante ninguna acción específica previa al paro del 24 de enero.

Se está evaluando en este momento. No podría descartar tampoco que se presente algún tipo de medida, pero es algo que va a evaluar cada organización, ya sea para presentar de manera individual o de manera conjunta. Pero esto no es algo que esté decidido en este momento.

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NA: ¿Creen que hay alguna instancia de diálogo?

A mí, en todo caso, esto me sorprende personalmente. Yo coordino un espacio de investigación dentro de la CTA, me dedico a la investigación. Y si hay algo que me sorprende de este gobierno es que no tiene ningún espacio de negociación con ninguna fracción del movimiento obrero. Es, si no recuerdo mal, la primera vez que pasa desde 1943 en adelante. En los últimos 80 años, desde 1943 hasta la actualidad, todos los gobiernos (y cuando digo todos es incluso Aramburu en el 1956, Onganía en 1966, Videla en 1976) tuvieron alguna estrategia de diálogo con alguna fracción del movimiento obrero. Obviamente, no con todos, por eso te cité tres dictaduras militares que persiguieron. La última hizo desaparecer a miles y miles de dirigentes y activistas sindicales. Pero todas tenían algún espacio de diálogo con alguna fracción del movimiento.

Este gobierno, llamativamente, lo que está generando es una unidad de parte de las organizaciones de trabajadores y trabajadoras de los movimientos sociales, que hasta ahora nunca se había visto. Porque si había alguna puerta entreabierta y hubo algunas acciones. Vos citabas el caso de Guillermo Francos, y hubo alguna discusión en la Secretaría de Trabajo en torno a alguna posible reglamentación del DNU con algún sector del movimiento obrero. Esas puertas, en principio, parecen haberse cerrado todas. Lo cual muestra un gobierno que está despreciando el diálogo con los actores sociales, que no le interesa dialogar con los actores sociales, o por lo menos con algunos actores sociales. Con otros te diría que no es así, o por lo menos cuando uno mira quiénes fueron los que escribieron el DNU, al menos en la parte laboral (que es lo que conozco y de lo que puedo hablar), te diría que ahí sí hay una instancia de diálogo abierto con organizaciones corporativas. No es que no dialogan con organizaciones corporativas.

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NA: ¿A que te referís? ¿Con quiénes dialogan?

Sin ir más lejos, al menos en el capítulo laboral (que es de lo que puedo hablar), ya está confirmado informalmente (pero confirmado al fin) que lo decidieron algunos de los grandes estudios de abogados que representan a las principales empresas del país, entre ellos el estudio del cual es titular Daniel Funes de Rioja, el titular de la Unión Industrial Argentina, el presidente de la COPAL, la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios, que reúne a las empresas productoras de alimentos y que tiene muchas normas que favorecen a las industrias de alimentos. El DNU restringe el ejercicio del derecho de huelga en todas las fábricas que producen alimentos, algo que no está previsto en ninguna norma internacional. Si vas a la jurisprudencia de la OIT claramente no hay posibilidad de restringir el derecho a huelga en ese tipo de sector. No es casual que si la ley la escribió el estudio de abogados que representa a la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios y luego aparecen normas puntuales que favorecen a esas empresas, ahí hay diálogo o por lo menos una alianza con un sector corporativo muy importante que en el caso de los trabajadores no se ve. Insisto, las organizaciones sindicales no suelen recurrir a la huelga general como primera medida, es algo a lo cual se suele llegar después de mucho tiempo.

NA: En este caso es récord. El segundo lugar lo tuvo Raúl Alfonsín, pero con el doble de días.

Incluso Alfonsín, que alguna de sus primeras medidas fue llevar adelante un proyecto de ley que las organizaciones sindicales resistieron mucho (la famosa Ley Mucci) tenía diálogo con un sector del movimiento obrero. Luego tuvo incluso ministros de Trabajo que provenían de organizaciones sindicales. Había instancias de diálogo, y si hay algo que, al menos la fracción mayoritaria de una parte muy importante de la CGT nunca va a negar, es diálogo a un gobierno entrante.

NA: ¿Crees que esto de que la CGT esté unida no tiene que ver en verdad con que el Gobierno va de lleno con algunas cuestiones como la caja de las obras sociales, el tema dentro de lo que es el marco de las reformas que intenta hacer a nivel laboral, la elección o hacia dónde van los aportes de los trabajadores, con que no negocia por debajo de la mesa con ninguno de los sindicatos?

Hay dos cuestiones. Primero, lo de la falta de experiencia política de este gobierno yo lo pondría entre signos de interrogación. A mí me parece que hay una continuidad bastante clara respecto de la experiencia fallida del gobierno de Cambiemos en 2015-2019. Es más, informalmente un abogado patronal, a mí, antes de las elecciones del 2019, en un ámbito académico, me había señalado que en las discusiones que tenían entre abogados patronales, lo que tenían pensado o el plan que tenían delineado si Mauricio Macri era reelecto en el 2019 era implementar algo muy parecido a lo que están llevando adelante en la práctica.

NA: Una cosa es el programa, que podemos discutir si tiene que ver o no con el de Cambiemos, y otra cosa es la forma.

Aprendieron de las formas. Muchos de los dirigentes que están llevando adelante este programa, son los mismos. No es que sea un gobierno de personas que nunca pasaron por el Estado. El Presidente nunca había pasado por el Estado, pero del ministro del Interior para abajo, pasando por ministra de Seguridad, el ministro de Defensa y muchas de las espadas legislativas del Gobierno, son personas que vienen de esa experiencia fallida de 2015. 

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NA: Pero quien imprime el sello de las formas es el Presidente de la Nación.

Respecto de lo que vos planteás, me parece que hay una reacción defensiva muy fuerte de parte de las organizaciones sindicales por dos cuestiones. Por un lado, por el avance sobre los derechos laborales individuales. El DNU no solo afecta cuestiones institucionales de las organizaciones sindicales, sino que vulnera derechos de los trabajadores y de las trabajadoras por donde quieras. También afecta los poderes institucionales de las organizaciones colectivas. Vos citabas el caso de los fondos, que en principio el artículo del DNU avanza sobre las cuotas convencionales, algo que existe en todo el mundo occidental. No es una cuestión de Argentina, es la famosa cuota de solidaridad, la cuota que pagan los no afiliados por beneficiarse de los resultados del convenio colectivo de trabajo. Es algo que existe en todo el mundo occidental. En Estados Unidos, se está discutiendo en la actualidad, hubo un fallo de la Corte hace dos años. No es algo nuevo de Argentina. Pero no solo eso, también virtualmente prohíbe el ejercicio del derecho de huelga. Cuando vos ves el capítulo de limitaciones del derecho de huelga, el DNU restringe, de tal manera que hace totalmente ilusoria cualquier posibilidad de llevar adelante el ejercicio del derecho de huelga.

Todo eso, sumado a que estas restricciones, aún si fueran parte del programa de gobierno, y en todos los casos el gobierno electo democráticamente, tendrían que discutirse en el Congreso. Tendrían que estar discutiéndose en la Comisión de Legislación del Trabajo. Tendrían que darle la posibilidad a las organizaciones sindicales de ir, exponer, llevar adelante su parecer. Y, en todo caso, que el órgano institucional que prevé nuestra Constitución para sancionar este tipo de disposiciones, tome las medidas que tiene que tomar. Es el Congreso, no es la voluntad individual del Presidente. No es que no están negociando por abajo: fue la voluntad individual de un presidente que, en contra de todo lo que prevé la Constitución, modifica de raíz la legislación laboral sin pasar por el Congreso, que es donde se tiene que discutir esta reforma.

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NA: Mi pregunta apuntaba a que no hay quiebre entre los sindicatos, cuando muchas veces, al negociar en favor de algunos o detrimento de otros, el quiebre se producía.

La falta de quiebre es un poco lo que hablábamos al principio, cuando decía que es el primer gobierno desde mediados de los cuarenta que no tiene estrategia de diálogo con ninguna fracción del movimiento obrero. Hasta puede ser posiblemente una parte de la estrategia del gobierno nacional no tener diálogo con las organizaciones sindicales. En todo caso, eso nos lleva a una sociedad que posiblemente se enfrente a conflictos de una intensidad mucho más importante, lo cual es un problema porque pensar un incremento de la conflictividad laboral en un contexto donde ya muchas variables, no solo del mundo laboral sino del mundo económico, están atadas con alambre. Me parece que es un problema muy serio. Pero eso parte, en todo caso, de la decisión del gobierno nacional.

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Si algo que estoy seguro es que las organizaciones sindicales tienen voluntad de diálogo, porque insisto, han dialogado con todos los gobiernos desde 1943 hasta la fecha, e incluso venían queriendo dialogar desde bastante antes, si nos remitimos a la época de Yrigoyen. Así que, en ese sentido, la voluntad del diálogo existe, lo que pasa es que el Gobierno claramente optó por otro camino.

MVB JL